FGR revisa relevo legal en Ingemar, firma ligada a Ruffo
La Fiscalía General de la República mantiene bajo revisión un cambio clave dentro de Ingemar, S.A. de C.V., empresa relacionada con la investigación por huachicol fiscal que también alcanza al exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel.
El punto que ahora analiza la autoridad es el nombramiento de Guadalupe Hernández Hinojosa como nueva apoderada legal y directora general ejecutiva de la compañía, una modificación registrada en marzo de 2026 ante el Registro Público de Comercio. De acuerdo con reportes periodísticos, la FGR indaga si ese movimiento pudo formar parte de una estrategia para colocar a una persona operativa como posible responsable jurídica de la empresa.
¿Por qué investigan el cambio de apoderada en Ingemar?
La modificación ocurrió meses después de que Ingemar quedara bajo escrutinio por el decomiso de combustible en Coahuila, donde autoridades federales aseguraron 129 carrotanques y más de 15 millones de litros de hidrocarburo presuntamente introducido de forma ilegal al país.
Según la línea de investigación difundida, el nombramiento de Guadalupe Hernández Hinojosa es revisado porque le otorgó facultades amplias para actuar en nombre de la sociedad, firmar documentos, celebrar contratos, abrir cuentas bancarias y representar a la firma ante autoridades federales y estatales.
¿Quién es Guadalupe Hernández Hinojosa?
Guadalupe Hernández Hinojosa, de 37 años, habría ingresado a Ingemar en un puesto administrativo de nivel medio dos años antes de recibir el nuevo encargo. El poder quedó formalizado ante notario el 6 de marzo de 2026, bajo el folio mercantil electrónico N-2018080257, de acuerdo con la información citada en la investigación.
Con esa inscripción, Hernández quedó como representante de la empresa ante autoridades civiles, fiscales, judiciales, administrativas, penales y laborales. También fue facultada para actuar ante la FGR y fiscalías estatales, lo que la coloca como una figura relevante dentro del expediente.
¿Qué facultades recibió la nueva apoderada de Ingemar?
El documento le otorgó facultades para “otorgar y firmar toda clase de documentos públicos y privados y celebrar toda clase de contratos civiles o mercantiles a nombre de la sociedad mandante”.
También quedó autorizada para “abrir y aperturar todo tipo de cuentas bancarias”, así como para emitir, aceptar o firmar títulos de crédito como cheques, pagarés y letras de cambio.
En términos prácticos, ese tipo de poder puede convertir al apoderado legal en la persona física que firma, gestiona y responde documentalmente por actos realizados a nombre de la empresa.
¿Qué relación tiene este caso con Ernesto Ruffo?
El caso de Ingemar escaló después de la detención de Ernesto Ruffo Appel, quien ha sido señalado como accionista de la empresa dentro de la investigación por presunto contrabando de combustible y delincuencia organizada. Reportes nacionales también señalan la detención de Ricardo Thompson Navarro, socio vinculado a la firma.
Las investigaciones apuntan a una red de importación irregular de hidrocarburos desde Estados Unidos hacia México. La empresa quedó en el centro del expediente tras el aseguramiento de carrotanques en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
¿La FGR investiga un posible “chivo expiatorio”?
Una de las hipótesis es que el relevo legal pudo haberse usado para trasladar responsabilidad operativa a una persona distinta de los socios principales. Bajo esa línea, la autoridad revisaría si el nombramiento fue un acto ordinario de administración o si formó parte de una maniobra para deslindar a quienes realmente controlaban la compañía.
El catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, Fernando Ojesto Manzur, explicó que algunas empresas bajo investigación suelen otorgar poderes amplios a empleados de menor rango para intentar alejar responsabilidades de los dueños.
“Son malas prácticas que se hacen y con las que buscan deslindar responsabilidades, principalmente cuando ven que el agua les está llegando hasta el cuello”, señaló.
¿Qué riesgos legales enfrentaría la apoderada?
Especialistas advierten que una apoderada legal puede quedar en el centro de una investigación cuando aparece como la persona que firma contratos, administra cuentas o representa a una empresa ante autoridades.
Sin embargo, eso no significa automáticamente responsabilidad penal. La FGR tendría que determinar si Guadalupe Hernández actuó con conocimiento de posibles irregularidades, si fue instruida por terceros o si su nombramiento fue utilizado sin que ella conociera el alcance real de las operaciones.
“Todas las personas involucradas tienen que ser investigadas, exdirectores, socios, todos. Aun si a esta persona le dieron todo el poder posible, la autoridad tendrá que ver cuál fue su responsabilidad en ello”, expresó Ojesto Manzur.
¿Qué falta por esclarecer en el caso Ingemar?
La investigación deberá precisar quién controlaba las decisiones financieras y operativas de Ingemar, qué documentos fueron firmados por la nueva apoderada y si existieron operaciones posteriores al otorgamiento del poder que pudieran tener relación con el caso de huachicol fiscal.
También deberá aclararse el papel de los socios, exdirectivos y representantes anteriores de la empresa, especialmente porque el expediente involucra operaciones de alto impacto económico, aseguramientos millonarios y presuntas redes de importación irregular de combustible.
Por ahora, el cambio de apoderada se perfila como una pieza más dentro del caso Ingemar, una investigación que pasó de los registros mercantiles a convertirse en uno de los expedientes más relevantes por presunto contrabando de hidrocarburos en México.
