Destinan 131 mdp contra violencia feminicida en México
El Gobierno federal avanza en la asignación de recursos para atender las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres en el país. A través de la Secretaría de las Mujeres, se formalizan convenios con entidades federativas para aplicar subsidios destinados a prevención, seguridad, justicia y acompañamiento a víctimas.
La dependencia informó que estos recursos forman parte del Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención a las Causas, una estrategia que integra acciones en Centros de Justicia para las Mujeres, Espacios de Refugio Especializados y mecanismos de atención a las declaratorias de alerta.
¿Cuánto dinero se destinará a las Alertas de Violencia de Género?
Para el ejercicio fiscal en curso, la Secretaría de las Mujeres contempla una bolsa de 131 millones de pesos dirigida a acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.
El objetivo es que los estados con declaratorias activas cuenten con recursos federales para reforzar sus capacidades institucionales y atender zonas donde existe mayor vulnerabilidad para mujeres, adolescentes y niñas.
Estos fondos se suman a otras líneas de atención dentro del programa federal, como los subsidios para Centros de Justicia para las Mujeres y los apoyos para refugios especializados.
¿Qué estados ya tienen convenios publicados en el DOF?
Como parte de este proceso, el Diario Oficial de la Federación publicó el convenio correspondiente a Baja California, mediante el cual se asignaron 8 millones 279 mil 391.91 pesos para el proyecto MUJERES/AVGM/BC/2026.
El documento establece que los recursos deberán aplicarse en el Componente B, enfocado en acciones de coadyuvancia derivadas de las declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.
¿Para qué se usarán los recursos contra la violencia de género?
De acuerdo con la estrategia federal, los subsidios permitirán fortalecer investigaciones ministeriales, contratar personal especializado con perspectiva de género y mejorar la atención a víctimas.
También se contempla el desarrollo de acciones preventivas en municipios con declaratoria de alerta, así como medidas para mejorar la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.
El propósito central es atender no solo los casos de violencia, sino también las causas que permiten su reproducción, especialmente en regiones con altos niveles de riesgo.
¿Qué obligaciones tendrán los gobiernos estatales?
Los estados que reciban recursos deberán comprobar su uso mediante informes parciales y finales sobre el avance físico y financiero de los proyectos.
El convenio de Baja California señala que las partes deberán revisar los informes de avance, garantizar la rendición de cuentas y apegarse a las normas aplicables en materia de subsidios federales.
Además, los recursos conservan su carácter federal, por lo que estarán sujetos a mecanismos de control, supervisión y fiscalización.
¿Quién vigilará el uso del presupuesto?
La aplicación del dinero deberá pasar por procesos de supervisión y fiscalización. La Secretaría de las Mujeres precisó que los proyectos estarán sujetos a revisión por las instancias competentes, entre ellas la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Auditoría Superior de la Federación.
Con ello, se busca evitar opacidad en el ejercicio de los fondos y asegurar que el presupuesto llegue a las acciones planteadas para proteger a mujeres en situación de violencia.
¿Por qué son importantes las Alertas de Violencia de Género?
Las Alertas de Violencia de Género son mecanismos extraordinarios que buscan activar respuestas institucionales cuando existen contextos graves de violencia contra mujeres.
Su atención requiere presupuesto, coordinación y seguimiento permanente. Por ello, la formalización de convenios con los estados representa un paso clave para que las declaratorias no queden solo en documentos, sino que se traduzcan en acciones concretas de prevención, atención y acceso a la justicia.
Con esta asignación de 131 mdp, el Gobierno federal busca fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia feminicida y ampliar la protección en las entidades con mayor riesgo.
