Firma Sheinbaum decreto para reforzar la transparencia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en las dependencias y entidades del Gobierno de México, con el objetivo de garantizar el acceso ciudadano a la información pública.
La mandataria explicó que la medida establecerá lineamientos más específicos para determinar qué información debe difundirse y cuáles contenidos pueden reservarse temporalmente por razones jurídicas, administrativas o de seguridad nacional.
También anunció que la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) será reforzada y que los contratos públicos deberán difundirse mensualmente.
“En la ley actual está establecido que los servidores públicos pueden determinar qué se hace público y qué no, dependiendo de la seguridad nacional o del procedimiento en el que está la información. Con este decreto ya no lo dejamos a criterio del servidor público, ya no lo dejamos a criterio de un secretario, de otra secretaria, de un director de un área de Pemex o de CFE, o de cualquier Secretaría”.
Sheinbaum afirmó que los nuevos criterios permitirán distinguir con mayor claridad entre la información que debe difundirse y aquella que temporalmente no puede publicarse debido a procedimientos judiciales, administrativos o cuestiones de seguridad nacional.
“Ya hay un lineamiento específico de realmente lo que debe ser transparente y aquello que, por el procedimiento administrativo judicial, no puede informarse dado que está en un procedimiento y puede caerse el procedimiento judicial o administrativo, o lo que realmente es de seguridad nacional”.
“Entonces, para ello en un mes se va a fortalecer incluso más esta Plataforma de Transparencia. Y cada mes se va a estar informando de los contratos públicos. Entonces, es transparencia total del Gobierno de México”, puntualizó durante la conferencia Las mañaneras del pueblo.
¿Qué información deberá publicar el Gobierno de México con el nuevo decreto?
La presidenta señaló que las actividades gubernamentales y el ejercicio de los recursos públicos deben transparentarse conforme al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El principio constitucional establece que la información en poder de autoridades, poderes, organismos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y personas que ejerzan recursos públicos es de carácter público, salvo las reservas temporales previstas por la ley.
“Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes”.
El mismo artículo establece que debe prevalecer el principio de máxima publicidad y que las instituciones están obligadas a documentar los actos derivados del ejercicio de sus facultades.
“En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información”.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca que las instituciones publiquen información adicional de interés público, más allá de sus obligaciones legales ordinarias.
La funcionaria informó que la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada y que se incorporaron herramientas para facilitar la descarga y consulta de documentos.
Además, indicó que en un plazo máximo de 30 días hábiles se añadirán contenidos más completos y actualizados.
¿Cuáles son las cuatro áreas prioritarias del decreto de transparencia?
Buenrostro Sánchez detalló que el decreto se concentra en cuatro áreas principales.
La primera corresponde a las contrataciones públicas, cuyos contratos deberán publicarse mensualmente.
La segunda contempla a las filiales de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que deberán difundir información relevante, como estados financieros, informes presentados ante agencias extranjeras, políticas de operación, gobierno corporativo y contratos.
La tercera área se relaciona con la fiscalización y las auditorías. En este apartado se publicará información adicional sobre el Programa Anual de Fiscalización, el avance de las auditorías, el seguimiento de las observaciones formuladas por los órganos internos de control y la designación de despachos auditores externos.
La cuarta línea de acción consiste en invitar a estados, municipios y otros poderes a sumarse a prácticas que hagan más oportuna y transparente la actuación pública.
La secretaria también anunció una simplificación de las 17 reservas relacionadas con el interés público y la seguridad nacional.
El objetivo será que la información reservada no permanezca oculta de manera indefinida y que, cuando sea posible, se publique mediante versiones públicas.
Finalmente, informó que las acciones contempladas en el decreto se integrarán con otras iniciativas que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal prepara para incorporarlas a la Ley General de Transparencia.
