Investiga Gobierno contratos electorales por millones
Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre una investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que señala la existencia de una presunta red de contrataciones electorales vinculada a los hermanos Hernández Casillas, cuyo origen se remonta a décadas anteriores y que, de acuerdo con el Gobierno federal, se fortaleció durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante la conferencia matutina de este 5 de noviembre de 2026, la mandataria explicó que la investigación fue elaborada con fuentes abiertas y plantea posibles vínculos entre empresarios proveedores de material electoral, antiguos funcionarios y personas relacionadas con el partido político SOMOS.
Sheinbaum sostuvo que lo fundamental es investigar las contrataciones y transparentar los procesos de adquisición de materiales electorales.
La presidenta señaló que las relaciones comerciales identificadas se habrían fortalecido entre 2014 y 2023, periodo en el que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del INE.
¿Qué reveló Sheinbaum sobre los hermanos Hernández Casillas y el INE?
La presidenta aseguró que los contratos electorales vinculados con los hermanos Hernández Casillas tienen antecedentes que se remontan a varias décadas y cuestionó la relación entre los proveedores y antiguos integrantes de las autoridades electorales.
También mencionó presuntos vínculos con el partido SOMOS y con personas relacionadas con Lorenzo Córdova y Acosta Naranjo.
“¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí. ¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE”, expresó.
Sheinbaum cuestionó que, durante años, las contrataciones para suministrar material electoral hayan recaído, según su exposición, en empresas vinculadas con las mismas personas.
“¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989? Y se fortalecen en la época del Consejo General del INE presidido por Lorenzo Córdova”, señaló.
La mandataria también sostuvo que las investigaciones deben abarcar los distintos periodos de administración del organismo electoral, sin limitarse a la gestión actual.
“No surgió con Taddei y nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE, pero no nació ahí, discúlpenme, tiene muchos años y se fortaleció justo en esa época”, declaró.
En ese sentido, consideró necesario que las autoridades competentes determinen si existieron irregularidades y establezcan las responsabilidades correspondientes.
¿Cuánto dinero recibieron las empresas de los Hernández Casillas en contratos electorales?
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una cronología sobre el origen y desarrollo de las empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Explicó que, entre 1983 y 1988, los hermanos trabajaron en el Registro Nacional de Población e Identificación Personal (RENAPO), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Durante ese periodo, José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar, entonces director general del RENAPO.
En 1987, Raymundo Hernández Casillas trabajaba en el área de Recursos Financieros y Materiales y, un año después, se constituyó la empresa Cartonera Plástica.
Para 1989, Padilla Aguilar asumió la Secretaría General del CISEN e incorporó a José Alfredo como secretario particular, mientras que Raymundo ingresó al área de Investigaciones.
Buenrostro recordó que, durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, la organización de las elecciones federales todavía se encontraba bajo el control de la Secretaría de Gobernación.
En 1992 se constituyó la empresa Formas Finas Fernando Fernández, vinculada a Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Posteriormente, en 1999, Cartonera Plástica, relacionada con José Alfredo Hernández Casillas, comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México.
En 2005, esa empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del Instituto Electoral del Estado de México para suministrar material electoral.
De acuerdo con la exposición de la funcionaria, ese año se registraron denuncias de irregularidades y presuntos sobornos, además de la renuncia de siete consejeros electorales.
Entre 2012 y 2013, los hermanos Hernández Casillas diversificaron sus empresas y contratos con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
La secretaria explicó que, tras la reforma electoral de 2014, la designación de consejeros de los organismos electorales locales pasó de los congresos estatales al Consejo General del INE.
Según los datos presentados, entre 2015 y 2023, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) asignaron contratos por 2 mil 94 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas.
Posteriormente, tras la designación de Guadalupe Taddei como presidenta del INE en 2023, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025, provenientes de 15 organismos electorales locales.
Buenrostro también señaló que Juan Carlos Padilla Aguilar, quien ocupó distintos cargos públicos, coincide actualmente en el partido SOMOS con exintegrantes del INE.
Entre ellos mencionó a Marco Antonio Baños, representante suplente del partido ante el organismo electoral; Edmundo Jacobo Molina, titular de su Centro de Formación y Profesionalización Política, y Lorenzo Córdova, integrante de su Consejo Consultivo Ciudadano.
¿Qué medidas anunció Sheinbaum para transparentar las compras electorales?
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la próxima semana se presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos, con el propósito de ampliar la participación institucional en la producción de materiales electorales.
La propuesta contempla incorporar al Consejo de Administración a más secretarías, instituciones académicas y, en calidad de observadora, a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El objetivo planteado por el Ejecutivo es que el material electoral se fabrique en esta empresa del Estado, mientras que otros insumos sean adquiridos a compañías mexicanas.
Por su parte, Raquel Buenrostro explicó que el INE es un organismo autónomo, por lo que la revisión de posibles irregularidades corresponde a las instancias facultadas para fiscalizar sus operaciones.
Indicó que la Auditoría Superior de la Federación deberá identificar las posibles irregularidades y determinar las sanciones o faltas administrativas que correspondan.
En caso de encontrarse elementos que lo ameriten, las autoridades deberán presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) o la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La funcionaria agregó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno analiza mecanismos para prevenir que esquemas similares de contratación se presenten en dependencias de la Administración Pública Federal.
El Gobierno federal planteó así la necesidad de revisar los antecedentes de las contrataciones electorales y fortalecer los mecanismos de supervisión en la adquisición de materiales utilizados en los procesos democráticos.
