Aprueba Congreso denuncias contra Samuel García por 19 decretos
El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría autorizar la presentación de denuncias contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, el exsecretario general de Gobierno Javier Navarro Velasco y otros servidores públicos que pudieran resultar responsables por la presunta omisión de publicar 19 decretos aprobados por el Poder Legislativo.
Durante la sesión ordinaria del martes 10 de noviembre de 2026, legisladores del PAN, PRI y Morena respaldaron la propuesta presentada por Carlos de la Fuente Flores, coordinador de la bancada panista.
El punto de acuerdo obtuvo 27 votos a favor y 12 abstenciones, con lo que se facultó a la Presidencia del Congreso para presentar las denuncias ante las autoridades competentes.
La decisión representa un nuevo episodio de las diferencias entre los poderes Ejecutivo y Legislativo de Nuevo León, ahora por la publicación de disposiciones aprobadas por los diputados locales.
Autoriza Congreso denuncias por 19 decretos no publicados
El diputado Carlos de la Fuente Flores presentó la propuesta para que el Congreso solicite investigar las omisiones atribuidas al Gobierno estatal.
El legislador argumentó que existen 19 decretos aprobados por el Congreso que permanecen pendientes de publicación, situación que, a su consideración, podría representar incumplimientos de las obligaciones de servidores públicos.
El acuerdo autoriza a la Presidencia del Poder Legislativo a acudir ante las instancias correspondientes para solicitar que se determinen posibles responsabilidades.
En el documento aprobado se plantea facultar al Congreso para promover denuncias por hechos que pudieran constituir faltas administrativas graves u otras conductas sancionables.
De acuerdo con la información difundida, los decretos pendientes corresponden a disposiciones aprobadas durante 2025 y 2026 que no habrían sido publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
Solicitan investigar a Samuel García y Javier Navarro por presunto desacato
El punto de acuerdo establece que se deberá solicitar la intervención de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de Nuevo León para investigar las posibles conductas relacionadas con la falta de publicación de los decretos.
La solicitud menciona expresamente al gobernador Samuel García Sepúlveda, al exsecretario general de Gobierno Javier Navarro Velasco y a los servidores públicos que pudieran tener responsabilidad en los hechos.
La investigación deberá considerar las posibles faltas administrativas de abuso de funciones y desacato, previstas en los artículos 57 y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
Carlos de la Fuente sostuvo que la Constitución y la legislación administrativa establecen mecanismos para investigar el incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios.
“Por esa razón, la Constitución establece mecanismos de control y la legislación prevé procedimientos para investigar e imponer sanciones cuando los servidores públicos incumplen las funciones que les han sido encomendadas”, expresó el legislador.
La autorización para presentar denuncias no significa que el gobernador o los demás funcionarios hayan sido declarados responsables, ya que las autoridades competentes deberán analizar los hechos y determinar si existe alguna infracción.
Pide PAN investigar omisiones y posibles afectaciones al servicio público
El coordinador de los diputados panistas argumentó que la falta de publicación de los decretos podría generar consecuencias para el funcionamiento de las instituciones públicas.
De la Fuente señaló que la decisión de promover las denuncias responde a la obligación del Congreso de vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales.
“Por ello, frente a la existencia de 19 decretos pendientes de publicación, frente a la posible afectación al servicio público derivada de dicha omisión y frente a la obligación constitucional de salvaguardar la legalidad y el correcto funcionamiento de las instituciones, resulta procedente facultar a la Presidencia del Congreso del Estado para que, en representación de esta Soberanía, promueva las denuncias correspondientes y solicite la investigación de los hechos aquí descritos”, detalló.
Con la aprobación del acuerdo, la Presidencia del Congreso de Nuevo León quedó facultada para integrar la documentación correspondiente y promover las denuncias ante las autoridades competentes.
El procedimiento deberá determinar si la falta de publicación de los 19 decretos constituye una infracción administrativa y, en su caso, quiénes tendrían responsabilidad.
Hasta el momento, la votación legislativa confirma la autorización para presentar las denuncias, no la imposición de sanciones ni una resolución definitiva contra los funcionarios señalados.
