Exige PAN a Samuel García publicar reformas vetadas por Congreso de Nuevo León
El conflicto entre el Congreso de Nuevo León y el Gobierno de Samuel García volvió a colocar al transporte público en el centro de la disputa política.
La diputada panista Itzel Castillo Almanza exigió al Ejecutivo estatal permitir que avancen diversas reformas aprobadas por el Poder Legislativo que permanecen detenidas después de haber recibido observaciones del gobernador.
Entre ellas destacó las modificaciones relacionadas con tarifas sociales y subsidios al transporte público, una medida que Acción Nacional sostiene que busca reducir el gasto de estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad y familias que utilizan diariamente Metro y camiones.
El llamado ocurre en medio de una nueva discusión sobre los alcances de la Controversia Constitucional 240/2023, promovida por el Poder Ejecutivo de Nuevo León contra decisiones tomadas por el Congreso respecto de seis decretos.
¿Qué está exigiendo el PAN al Gobierno de Nuevo León?
Castillo pidió que las reformas que ya pasaron por el Pleno puedan continuar su procedimiento y llegar finalmente a los ciudadanos.
“Hago un llamado al Ejecutivo para que aquellas reformas que ya fueron aprobadas por este Congreso puedan continuar su camino y ser publicadas”, expresó la legisladora.
La panista puso especial énfasis en una reforma a la legislación de movilidad que contempla tarifas preferenciales para determinados grupos de usuarios.
Para el PAN, mantener frenada esa modificación tiene consecuencias directas en la economía familiar.
Las tarifas sociales vuelven al centro del debate
El Congreso aprobó en febrero de 2026 un esquema de subsidios para tarifas sociales del transporte público con 33 votos a favor y nueve en contra.
La propuesta buscaba establecer beneficios para usuarios considerados prioritarios y posteriormente derivó en una nueva confrontación con el Gobierno estatal.
El 5 de marzo, la entonces presidenta del Congreso, Itzel Castillo, incluso acudió a Palacio de Gobierno para exigir la publicación del decreto relacionado con dichas tarifas.
Meses después, el tema continúa sin cerrarse.
“No nació pensando en números”
Castillo sostuvo que la discusión no debe reducirse a una pelea entre partidos o poderes.
De acuerdo con la diputada, detrás de la reforma existen personas que destinan una parte importante de sus ingresos únicamente a trasladarse.
La legisladora mencionó como ejemplo a estudiantes que deben dividir su dinero entre transporte y alimentación, trabajadores que realizan recorridos prolongados y adultos mayores que necesitan trasladarse para recibir atención médica.
“Esta reforma no nació pensando en números o cifras, nació pensando en personas”, señaló.
La SCJN no anuló los vetos
Uno de los puntos que requiere mayor precisión es lo ocurrido en la Suprema Corte.
La Controversia Constitucional 240/2023 fue promovida por el Ejecutivo estatal para impugnar el desechamiento que realizó el Congreso de las observaciones formuladas a los decretos 118, 139, 148, 151, 184 y 263.
El Gobierno de Nuevo León informó posteriormente que la resolución de la Corte no invalidó los vetos y sostuvo que éstos permanecen legalmente vigentes.
Por ello, no puede afirmarse que la Suprema Corte haya ordenado automáticamente publicar esos seis decretos.
PAN y Gobierno mantienen interpretaciones enfrentadas
La disputa tiene ahora dos lecturas políticas.
Desde el Congreso, legisladores de oposición consideran que las decisiones del Ejecutivo han impedido que reformas aprobadas lleguen a los ciudadanos.
El Gobierno estatal, en cambio, sostiene que conserva sus facultades constitucionales y que los vetos cuestionados no fueron eliminados por la Corte.
Eso significa que el problema jurídico no se resume simplemente en “el PAN ganó” o “Samuel García perdió”.
La controversia gira alrededor de qué facultades tiene cada poder durante el proceso legislativo y qué efectos tienen las observaciones presentadas por el Ejecutivo.
Castillo acusa que los ciudadanos terminan pagando la disputa
Para la legisladora, independientemente de los argumentos jurídicos, la consecuencia termina recayendo sobre quienes esperan la aplicación de las reformas.
“Ningún veto o diferencia política debería estar por encima de una necesidad tan básica como poder llegar a casa”, sostuvo.
Castillo señaló que la falta de acuerdos puede frenar programas, infraestructura, servicios públicos y medidas de apoyo económico.
Su argumento es que una disputa institucional deja de ser abstracta cuando afecta directamente el funcionamiento cotidiano del estado.
¿Quiénes serían beneficiados por las tarifas sociales?
Durante las discusiones legislativas, el Congreso señaló como sectores prioritarios a grupos vulnerables y usuarios que enfrentan mayores dificultades económicas para pagar el transporte.
Entre ellos se han mencionado:
Estudiantes.
Personas con discapacidad.
Adultos mayores.
Madres y padres de familia en condiciones específicas.
El Congreso ha defendido que estos beneficios deben quedar establecidos en la legislación y no depender únicamente de programas temporales o decisiones administrativas.
El transporte ya había generado un choque desde principios de año
La confrontación no comenzó esta semana.
En febrero, la Comisión de Movilidad volvió a aprobar un dictamen de subsidios después de que una propuesta anterior hubiera sido observada por el gobernador.
Posteriormente, el Pleno dio luz verde al proyecto.
Para marzo, Castillo ya exigía públicamente al Gobierno publicar el decreto correspondiente.
La discusión se ha prolongado durante meses sin que exista todavía una solución política definitiva.
El PAN busca trasladar el pleito jurídico al bolsillo ciudadano
La estrategia discursiva de Acción Nacional es clara.
En lugar de presentar el conflicto únicamente como una diferencia constitucional entre Ejecutivo y Legislativo, busca vincularlo directamente con el costo del transporte.
Castillo insistió en que los principales afectados no son los diputados ni el gobernador.
Son, afirmó, las familias que continúan pagando las tarifas actuales mientras las reformas permanecen en disputa.
Gobierno asegura que los vetos siguen firmes
La administración estatal rechazó la interpretación de que la Corte haya eliminado las observaciones del gobernador.
En un posicionamiento oficial del 31 de agosto, sostuvo que los seis vetos “continúan intactos, legalmente vigentes y firmes”.
El Gobierno argumentó que lo analizado por la SCJN correspondía a un trámite interno del Poder Legislativo y no a la invalidez material de los vetos.
Esa postura anticipa que la exigencia del PAN no necesariamente derivará en una publicación inmediata.
Una batalla que seguirá entre Congreso y Ejecutivo
La discusión por los decretos se suma a una larga serie de choques entre ambos poderes durante la actual administración.
Presupuesto, nombramientos, movilidad y publicación de reformas han generado controversias constitucionales y enfrentamientos públicos durante los últimos años.
En esta ocasión, el PAN busca colocar la presión sobre una reforma particularmente sensible para los ciudadanos:
el precio de trasladarse por Nuevo León.
¿Qué sigue ahora?
Mientras no exista un acuerdo político o una resolución jurídica que obligue expresamente a una de las partes a actuar de determinada manera, la confrontación puede continuar.
El Congreso mantendrá la exigencia de que las reformas avancen.
El Ejecutivo sostiene que sus vetos siguen vigentes.
Y en medio permanecerán decretos cuya entrada en vigor todavía está pendiente.
Para Itzel Castillo, esa parálisis tiene un costo:
“Pierde Nuevo León cuando sus instituciones dejan de trabajar pensando en la gente”.
