Avanza propuesta para auditar recursos federales de NL
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión dio un paso en el proceso para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral de los recursos federales transferidos y ejercidos por el Gobierno de Nuevo León durante la administración del gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda.
La Primera Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales aprobó la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar.
Sin embargo, el planteamiento todavía deberá continuar con el procedimiento legislativo correspondiente antes de que la solicitud pueda considerarse formalmente concretada.
La propuesta busca que la fiscalización se concentre, entre otros aspectos, en contratos relacionados con servicios y obra pública financiados total o parcialmente con recursos federales.
¿Qué pretende revisar la propuesta de auditoría a Nuevo León?
El documento plantea revisar recursos provenientes de aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otros mecanismos de transferencia federal.
Entre los rubros señalados para una eventual fiscalización se encuentran contratos y pagos, transferencias, subcontrataciones, empresas relacionadas, comprobación de servicios y destino final de recursos públicos.
La proposición también menciona posibles irregularidades que, según sus promoventes, deberían ser revisadas técnicamente, entre ellas adjudicaciones sin justificación suficiente, incrementos de costos, servicios presuntamente no realizados, obras inconclusas, posibles conflictos de interés o transferencias hacia terceros.
Estos señalamientos forman parte de la exposición que sustenta la propuesta y no equivalen, por sí mismos, a irregularidades acreditadas.
¿Qué señalamientos incluye el punto de acuerdo?
El documento también refiere señalamientos públicos sobre posibles triangulaciones de recursos mediante empresas proveedoras del Gobierno estatal y sociedades presuntamente vinculadas con personas cercanas al mandatario.
Entre los casos mencionados se encuentra la afirmación de que un despacho relacionado con el gobernador y su familia habría canalizado más de 81 millones de pesos hacia una campaña de comunicación en redes sociales mediante una empresa que, a su vez, habría prestado servicios al Gobierno de Nuevo León.
Dicha afirmación corresponde a un señalamiento incluido en la proposición y deberá ser acreditada, descartada o contextualizada mediante documentación oficial y procesos de fiscalización.
Ramírez Cuéllar sostuvo que la revisión debe realizarse con criterios técnicos y con documentación que permita reconstruir el origen, recorrido y destino de los recursos federales.
“Cuando existen señalamientos de esta gravedad, la respuesta del Estado debe ser una fiscalización profesional, sin excepciones. Los recursos públicos pertenecen a la ciudadanía y cada peso gastado debe ser explicado”, afirmó.
Hasta el momento, la aprobación en comisión representa un avance legislativo de la propuesta, pero no significa que exista una determinación de responsabilidad administrativa, fiscal o penal contra el Gobierno estatal o algún funcionario.
