Monterrey, Nuevo León. Un nutrido grupo de maestros jubilados de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestó este jueves en el centro de Monterrey para exigir el pago de la actualización de sus pensiones, retenidas según denuncian, desde inicios de 2024.
Exigen liberación de fondo por 300 millones de pesos
Los docentes demandan la liberación inmediata de un fondo de 300 millones de pesos, correspondiente al impacto inflacionario acumulado durante el presente año.
La cifra representa un ajuste del 6.43% en sus pensiones, porcentaje que, de acuerdo con los manifestantes, no ha sido aplicado por las autoridades estatales ni por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEON).
Vocera denuncia omisión de autoridades
La maestra Lucilda Pérez, vocera del movimiento, denunció la falta de respuesta oficial y explicó que el aumento en las pensiones es un derecho adquirido que no ha sido respetado. “Estamos aquí porque no nos han dejado otra opción. Este dinero nos pertenece y lo necesitamos para vivir con dignidad”, señaló.
Bloqueos viales en el centro de Monterrey
La protesta inició con una concentración frente a las oficinas de ISSSTELEON, ubicadas en la calle Matamoros, entre Pino Suárez y Cuauhtémoc, donde los jubilados expresaron su molestia.
Más tarde, la manifestación escaló con bloqueos en diversas vialidades del primer cuadro de la ciudad, provocando un caos vial significativo en arterias principales de Monterrey.
Acusan presunta desaparición de 50 millones
Durante la protesta, también se denunció la presunta desaparición de 50 millones de pesos que formaban parte del fondo de pensiones.
Los manifestantes exigen una investigación inmediata y transparencia en el manejo de los recursos públicos destinados al pago de jubilaciones.
Anuncian nuevas movilizaciones
Ante la falta de soluciones concretas, los maestros jubilados advirtieron que las movilizaciones continuarán la próxima semana.
Su objetivo es presionar a las autoridades para que respondan con hechos y se concrete el pago que les corresponde por ley.
