El Gobierno Federal de México brinda protección a 249 padres y madres buscadores que enfrentan la desafiante tarea de localizar a sus familiares desaparecidos. Esta acción se enmarca dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el cual actualmente protege a un total de 330 defensores dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas. De esta cifra, 249 son buscadores directos y 81 son familiares de víctimas.
Estados con Mayor Número de Casos
Los estados de Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y el Estado de México concentran el 61.7% de los casos bajo protección. Sin embargo, en ocho entidades del país no se reportan personas beneficiarias de este mecanismo.
Agresiones Contra Buscadores
La violencia contra estos activistas es una preocupación constante. Se han documentado amenazas, vigilancia, allanamientos e incluso asesinatos. En la última década, nueve buscadoras han sido asesinadas, y recientemente se confirmó el homicidio del padre buscador Magdaleno Pérez Santes en Veracruz.
Otro dato alarmante es que el 80% de los agresores no está identificado, mientras que el 9% de los ataques han sido perpetrados por autoridades estatales y el 7% por el crimen organizado.
Acciones de la Comisión Nacional de Búsqueda
Ante la crisis de desapariciones, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ha liderado 3,843 jornadas de rastreo entre 2019 y 2023. Estas acciones han incorporado una perspectiva de género en la investigación de casos relacionados con trata de personas, feminicidios y reclutamiento forzado.
El trabajo de los padres y madres buscadores es crucial para visibilizar la crisis de desapariciones en México. Sin embargo, la falta de garantías de seguridad y la impunidad en las agresiones contra ellos representan un desafío significativo. Es fundamental que el Estado refuerce sus mecanismos de protección y que la sociedad en su conjunto reconozca y apoye esta lucha por la verdad y la justicia.
