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Gerardo Escamilla Vargas defiende la estrategia de seguridad y solicita al gobierno federal una distinción entre homicidios y enfrentamientos.
MONTERREY, N.L. – A pesar de que Nuevo León cerró el mes de septiembre como líder nacional en homicidios, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, aseguró que esta cifra se debe principalmente a la contabilización de personas abatidas en enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Durante una rueda de prensa, el funcionario estatal indicó que, al eliminar estos casos, la entidad bajaría varias posiciones en el ranking nacional.
Escamilla Vargas detalló que en septiembre se registraron 133 casos de violencia y 25 personas fueron abatidas al resistirse a la autoridad.
`Si se descuentan estos casos, Nuevo León no sería el tercer o cuarto lugar a nivel nacional, al contrario, nos pasaría al noveno o décimo lugar´, afirmó.
El funcionario justificó esta postura argumentando que la estrategia de seguridad de Nuevo León se centra en combatir frontalmente a la delincuencia y que, en ocasiones, esto implica enfrentamientos armados. “Fuerza Civil no será omisa, se tendrá que repeler la agresión”, enfatizó.
Sin embargo, esta versión de los hechos ha generado controversia, ya que algunos sectores de la sociedad y expertos en seguridad cuestionan la metodología utilizada para contabilizar los homicidios y consideran que esta forma de presentar los datos puede ocultar la verdadera magnitud del problema.
Ante estas críticas, Escamilla Vargas solicitó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se realice una distinción entre los homicidios dolosos y los casos en los que las personas fallecen al atacar a las fuerzas del orden. “El indicador habla de homicidios o eventos de personas fallecidas por arma de fuego, pero no podemos medir a todos los eventos igual”, señaló.
Por otra parte, el titular de Fuerza Civil destacó que la estrategia de seguridad de Nuevo León coincide con la del gobierno federal en tres puntos clave: un enfoque integral en la atención a los delitos, la coordinación entre los tres niveles de gobierno y la profesionalización de las policías.
