La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido la medida cautelar MC 01/2025 en respuesta a las recientes modificaciones en las tarifas del transporte público en el área metropolitana de Monterrey. La medida surge tras una queja presentada por la organización “ONGS Alianza de Usuarios de Servicios Públicos y Financieros” y las numerosas denuncias ciudadanas recibidas por el aumento tarifario.
Olga Susana Méndez Arellano, presidenta de la CEDH, explicó que el aumento en las tarifas y la implementación de un sistema exclusivo de pago electrónico han generado preocupaciones por vulnerar los derechos humanos de diversos grupos, especialmente los más vulnerables, como personas adultas mayores, personas con discapacidad, migrantes y comunidades indígenas.
“La Comisión ha encontrado que los acuerdos que sustentan estos cambios no contemplaron una evaluación adecuada del impacto social que estas medidas generarían. El aumento en las tarifas y la exclusividad en los métodos de pago no solo carecen de un análisis exhaustivo sobre los ingresos promedio de los usuarios, sino que también desatienden la realidad de quienes no tienen acceso o conocimientos tecnológicos necesarios para usar las nuevas plataformas”, afirmó Méndez Arellano.
La presidenta también señaló que las condiciones actuales del transporte público en Monterrey son deficientes, destacando problemas como la baja frecuencia de paso, la mala calidad de las unidades y la insuficiente capacitación de los operadores.
Ante esta situación, la CEDH solicitó suspender de manera inmediata el incremento tarifario en todas las modalidades de transporte bajo la competencia del Instituto de Movilidad y Accesibilidad. Además, exigió:
- Realizar una revisión exhaustiva sobre los efectos sociales y económicos de estas medidas.
- Garantizar el derecho humano a la movilidad, incluyendo opciones de pago accesibles para toda la población.
- Asegurar que ningún grupo vulnerable quede excluido por las nuevas disposiciones.
La medida cautelar representa un llamado de atención hacia las autoridades para priorizar la equidad y la inclusión en las políticas de transporte público. El cumplimiento de estas recomendaciones será clave para garantizar que las decisiones en materia de movilidad respeten los derechos fundamentales de todos los habitantes del área metropolitana de Monterrey.
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