Vinculan a proceso a esposa de diputado de MC por presunto fraude de 38.7 mdp

Un juez de Control vinculó a proceso a Katerina “N”, esposa del diputado local de Movimiento Ciudadano, Francisco del Bosque Ramos, por su probable participación en un fraude de 38 millones 722 mil 135 pesos, en perjuicio de un empresario cuya identidad se mantiene reservada.

La resolución judicial fue informada por el despacho Global Jus, representante legal de la parte denunciante, con base en una ficha técnica de la investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

De acuerdo con la información difundida, la audiencia de formulación de imputación se realizó el 23 de octubre de 2026, mientras que el 29 de octubre se llevó a cabo la audiencia en la que se resolvió la vinculación a proceso de Katerina “N”.

El expediente también contiene señalamientos contra Francisco del Bosque Ramos, aunque, según la parte denunciante, la autoridad judicial consideró su condición de diputado local y el fuero constitucional del que goza.

La vinculación a proceso representa una resolución dentro de la investigación penal y no constituye una sentencia condenatoria ni acredita definitivamente la responsabilidad de la imputada.

Investigan presunto fraude mediante contratos con empresas extranjeras

De acuerdo con la denuncia, los hechos se remontan a noviembre de 2018, cuando se constituyó la empresa Empleado Confiable, S.A. de C.V., dedicada a la selección y administración de personal, así como a la verificación de antecedentes laborales.

La parte denunciante sostiene que el negocio se desarrollaría mediante aportaciones compartidas entre los socios.

Sin embargo, a partir de enero de 2019, el entonces empresario y hoy legislador Francisco del Bosque Ramos presuntamente informó a la víctima sobre oportunidades de contratación con compañías internacionales que requerían pagos por garantías, certificaciones, gratificaciones y honorarios.

Entre las empresas mencionadas en la querella aparece Advise Data / iCover Group, vinculada con una supuesta operación en Francia.

Según el expediente presentado por la parte denunciante, se habría ofrecido un contrato para investigar los antecedentes de mil 200 personas, a cambio de un pago por servicio, pero condicionado a la entrega de una garantía de 12 mil 500 dólares.

La víctima habría realizado transferencias por 241 mil 751 pesos y otros 60 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre de Katerina “N”, por conceptos relacionados con garantías y certificaciones.

La denuncia sostiene que los contratos presentados no correspondían a operaciones comerciales reales, afirmación que forma parte de los hechos sujetos a investigación.

También se mencionó a EY Verif Group Corporation, con la cual se habría planteado un contrato por un millón 200 mil dólares.

Para esa operación, según la querella, se constituyó Empleado Confiable LLC en Estados Unidos y se solicitaron pagos adicionales, entre ellos una supuesta gratificación de 30 mil dólares.

La parte acusadora reportó transferencias por 300 mil pesos y un millón 590 mil pesos, realizadas durante febrero y marzo de 2019 a una cuenta de Katerina “N”.

Señalan transferencias por más de 38 millones de pesos

El expediente también incluye operaciones atribuidas a una supuesta empresa identificada como Saudi Arabia Background Verification / Greves Group, mediante la cual se habrían ofrecido contratos internacionales de servicios.

De acuerdo con la querella, durante abril y mayo de 2019 se presentaron propuestas comerciales por 6 millones, 4 millones 32 mil, 13 millones 500 mil y 4 millones 590 mil dólares, con la condición de entregar garantías equivalentes al 12 por ciento de los montos.

Para cubrir esos compromisos, el empresario denunciante habría solicitado diversos préstamos, entre ellos operaciones por 6 millones 292 mil 884 pesos y 19 millones 110 mil pesos, además de tres créditos adicionales que, en conjunto, superarían los seis millones de pesos.

Según la versión de la parte acusadora, los recursos fueron depositados en una cuenta bancaria de Katerina “N” y posteriormente habrían sido transferidos a otras cuentas, algunas presuntamente ubicadas en el extranjero.

La denuncia también menciona pagos a una supuesta asesora jurídica internacional, identificada como Gina Takemori, quien habría participado en la revisión de los contratos.

El despacho Global Jus señaló que el monto total del presunto perjuicio económico asciende a 38 millones 722 mil 135.22 pesos, correspondiente a depósitos por garantías, gastos, gratificaciones, certificaciones, viajes y honorarios.

La existencia de esos movimientos, el destino final del dinero y las responsabilidades individuales forman parte de los aspectos que deberán esclarecerse mediante el procedimiento judicial.

Mencionan fuero de Francisco del Bosque; proceso continúa contra Katerina “N”

El caso también involucra señalamientos contra el actual diputado Francisco del Bosque Ramos, quien asumió una diputación como suplente de Mario Soto Esquer y posteriormente se incorporó a la bancada de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con el despacho representante del denunciante, durante la audiencia del 29 de octubre se hizo referencia al fuero constitucional del legislador, motivo por el cual no se habría procedido judicialmente contra él en los mismos términos que contra Katerina “N”.

Sin embargo, la información difundida no permite establecer el alcance exacto de esa determinación ni confirmar una resolución judicial sobre la responsabilidad penal del diputado.

Por su parte, Katerina “N” continuará sujeta al procedimiento penal tras la vinculación a proceso dictada por el juez de Control.

La investigación busca esclarecer la autenticidad de los contratos internacionales, el origen y destino de las transferencias bancarias y las circunstancias en las que el empresario realizó las aportaciones económicas.

Hasta el momento, el material proporcionado no incluye información sobre las medidas cautelares impuestas, el plazo de investigación complementaria ni las posturas de la defensa de Katerina “N” y del diputado Francisco del Bosque Ramos.

Ambos conservan el derecho a la presunción de inocencia, y cualquier responsabilidad penal deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.