Exige Ramírez Cuéllar a la SCJN resolver juicio político contra Samuel García
Monterrey, N.L.- El diputado federal de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de fondo el asunto relacionado con el juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, al considerar que la suspensión vigente limita las facultades del Congreso estatal para aplicar eventuales sanciones.
El legislador cuestionó que el máximo tribunal haya pospuesto el análisis del recurso relacionado con el procedimiento, pues sostuvo que la falta de una resolución definitiva prolonga la incertidumbre jurídica.
De acuerdo con Ramírez Cuéllar, el Congreso de Nuevo León puede continuar con determinadas etapas del juicio político, pero enfrenta restricciones para hacer efectivas las consecuencias que eventualmente pudieran derivarse del proceso.
El diputado consideró necesario que las ministras y los ministros definan el alcance de las facultades del Poder Legislativo y de los mecanismos de protección constitucional.
“Aplazar esta discusión no es suficiente, debemos demandarle a las ministras y ministros que resuelvan de fondo este asunto”, expresó.
Ramírez Cuéllar también planteó revisar la figura del fuero y los efectos que pueden tener los recursos legales sobre los procedimientos de responsabilidad política.
Como parte de esa postura, recordó que promueve una reforma al artículo 109 de la Constitución para modificar las reglas relacionadas con la inmunidad procesal y la suspensión de los juicios políticos.
No obstante, la solicitud del legislador no implica que exista una sanción aprobada contra Samuel García ni que la SCJN haya determinado levantar la suspensión.
¿Por qué Ramírez Cuéllar pide a la SCJN destrabar el juicio político contra Samuel García?
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar sostuvo que la Suprema Corte debe pronunciarse sobre el fondo del asunto que mantiene limitada la posibilidad de aplicar sanciones dentro del juicio político contra el gobernador de Nuevo León.
Su posicionamiento surgió después de que el tribunal pospusiera el análisis del recurso relacionado con las facultades del Congreso local.
Desde la perspectiva del legislador, esta situación permite que el procedimiento continúe en algunas de sus etapas, pero sin que necesariamente puedan ejecutarse sus posibles consecuencias.
Ramírez Cuéllar consideró que esa condición genera incertidumbre sobre el alcance del control político que corresponde ejercer al Poder Legislativo.
“Debemos demandarle a las ministras y ministros que resuelvan de fondo este asunto, que permitan al Congreso de Nuevo León determinar lo conducente en el juicio político y que se aplique la sanción correspondiente”, afirmó.
La declaración representa una exigencia política del diputado morenista, no una resolución sobre la responsabilidad del mandatario estatal.
El legislador sostuvo que los mecanismos de defensa constitucional no deberían utilizarse para impedir indefinidamente la conclusión de procedimientos legislativos.
Sin embargo, la revisión judicial de estos casos también debe considerar las competencias constitucionales, el debido proceso y el derecho de defensa.
La decisión sobre la vigencia o modificación de una medida de suspensión corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes.
¿Qué cuestionó el diputado de Morena sobre el fuero y los recursos legales?
Además de solicitar una resolución de la SCJN, Ramírez Cuéllar cuestionó el funcionamiento de las protecciones legales que pueden operar durante los procedimientos de responsabilidad política.
El diputado señaló que, desde su perspectiva, algunas figuras procesales pueden dificultar que las instituciones determinen y hagan efectivas las responsabilidades de servidores públicos.
En ese contexto, puso en discusión la figura del fuero, al considerar que debe revisarse para evitar que se convierta en una barrera frente a los procedimientos de rendición de cuentas.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el combate a la corrupción requiere instituciones con capacidad para investigar y resolver los asuntos que se encuentran dentro de sus atribuciones.
También consideró que la prolongación de los litigios puede impedir que los procedimientos alcancen una conclusión oportuna.
No obstante, el legislador no planteó eliminar el derecho de defensa de los funcionarios sometidos a procedimientos.
Por el contrario, señaló que cualquier cambio legal debe preservar las garantías procesales.
Es importante distinguir entre la existencia de un juicio político, la determinación de una responsabilidad y la ejecución de una sanción.
Se trata de etapas distintas, sujetas a requisitos y decisiones de las autoridades competentes.
En el caso de Samuel García, la información proporcionada no establece que exista una resolución definitiva que determine su responsabilidad política.
¿En qué consiste la reforma al artículo 109 constitucional que impulsa Ramírez Cuéllar?
Como parte de su planteamiento, Alfonso Ramírez Cuéllar recordó que impulsa una iniciativa para reformar el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
De acuerdo con el diputado, la propuesta busca modificar el tratamiento de la inmunidad procesal y los efectos de determinados recursos legales en los juicios políticos.
Entre sus objetivos se encuentra establecer que las controversias constitucionales y los juicios de amparo no puedan utilizarse para detener la sustanciación de juicios políticos ni la ejecución de sus resoluciones, en los términos que contempla la iniciativa.
El legislador sostuvo que estos cambios permitirían evitar que los procedimientos de responsabilidad política permanezcan sin una conclusión efectiva.
También señaló que la reforma busca conservar el debido proceso y el derecho de defensa, garantías que deben respetarse en cualquier actuación de las autoridades.
Sin embargo, el contenido mencionado corresponde a una propuesta de reforma constitucional, no a una disposición vigente que pueda aplicarse automáticamente al caso del gobernador de Nuevo León.
Su eventual aprobación estaría sujeta al procedimiento legislativo correspondiente.
Mientras tanto, Ramírez Cuéllar insistió en que la Suprema Corte debe resolver el asunto pendiente para aclarar las atribuciones del Congreso local.
Hasta el momento, la información proporcionada no precisa una nueva fecha para que la SCJN retome el análisis del recurso.
El juicio político contra Samuel García Sepúlveda continúa sujeto a las determinaciones legales aplicables, sin que la solicitud del diputado federal represente por sí misma una modificación de la situación procesal.
