Niega Estado convenios para repartir fondos del ICV a Municipios
El Gobierno de Nuevo León negó que existan convenios firmados que lo obliguen a distribuir entre los municipios determinados recursos provenientes del Instituto de Control Vehicular (ICV), en medio de los reclamos presupuestales planteados por distintas administraciones municipales.
Ulises Carlín de la Fuente, encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, señaló que la dependencia realizó una revisión interna después de las inconformidades expresadas por gobiernos municipales.
Según el funcionario, esa búsqueda no permitió localizar un convenio firmado que genere la obligación reclamada por las alcaldías.
“A nosotros no nos tocó la firma o no firmamos nosotros ningún convenio. Buscamos saber si había algo firmado, no hay ningún convenio firmado. Derivado de las denuncias y de las manifestaciones de los alcaldes, hicimos nosotros la labor indagatoria (…) Nuestro deber fue informarle al gobernador que no habían convenios”, sostuvo Carlín.
La declaración representa la postura de la Tesorería estatal dentro de una controversia en la que diversos municipios han sostenido que existen recursos que les corresponden y que no han sido transferidos.
¿Qué sostiene el Gobierno de Nuevo León sobre los recursos del ICV?
Carlín explicó que, tras revisar la documentación disponible, el Gobierno estatal no encontró convenios formalizados que, desde su interpretación, obliguen a realizar las transferencias reclamadas.
La administración estatal ya había sostenido durante 2026 que no mantiene adeudos con los ayuntamientos y que las participaciones federales y estatales han sido entregadas conforme a los procedimientos correspondientes.
En el caso específico de Monterrey, el Gobierno de Nuevo León publicó el 26 de agosto de 2026 una postura en la que aseguró que, después de revisar información de la Tesorería y del ICV, no existía un adeudo con el municipio.
Esta posición es controvertida por autoridades municipales, por lo que la existencia de obligaciones específicas, así como su monto y fundamento jurídico, deberá determinarse a partir de los documentos aplicables y de las investigaciones o procedimientos correspondientes.
¿Qué reclamos han presentado San Nicolás, Monterrey y Escobedo?
Los reclamos por recursos municipales se han intensificado durante los últimos meses.
En San Nicolás, el alcalde Daniel Carrillo presentó en agosto una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta retención de recursos derivados de multas de tránsito. Posteriormente presentó una segunda denuncia relacionada con el Instituto de Control Vehicular.
El ICV sostuvo, de acuerdo con documentación citada en esa segunda denuncia, que durante 2026 no se había formalizado un convenio con San Nicolás para la entrega de esos recursos, mientras que el municipio mantiene una interpretación distinta sobre el dinero recaudado.
En Escobedo, el Gobierno municipal informó el 9 de septiembre que presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la presunta retención de 17 millones 663 mil 245 pesos, correspondientes, según su versión, a recursos derivados de multas de tránsito de marzo, abril y mayo.
Por su parte, alcaldes encabezados por Monterrey también han reclamado al Estado recursos que consideran pendientes. En julio, el Gobierno de Monterrey informó que cerca de una veintena de alcaldes exigieron transferencias que, desde su perspectiva, correspondían a los municipios.
¿Qué pasará con los recursos y los apoyos pendientes?
Carlín indicó que corresponde revisar cada caso con base en los documentos disponibles y determinar si existe una obligación formal de transferencia.
La controversia deberá distinguir entre participaciones, fondos para infraestructura, recursos provenientes de multas y otros conceptos, ya que no necesariamente tienen el mismo origen ni están sujetos a las mismas reglas.
El encargado de la Tesorería también señaló que el Gobierno estatal trabaja con la Secretaría de Igualdad e Inclusión en la revisión de documentación necesaria para continuar con apoyos destinados a organizaciones de la sociedad civil.
Hasta ahora, las posturas entre Estado y municipios permanecen encontradas: el Gobierno estatal niega determinados adeudos y obligaciones, mientras varias alcaldías han recurrido a denuncias o reclamos administrativos para exigir recursos.
Será la revisión de los convenios, leyes, documentos financieros y expedientes correspondientes la que permita establecer si existen montos legalmente exigibles y, en su caso, quién debe realizar las transferencias.
