Busca Congreso frenar reconocimiento de Carlín en Tesorería

El Tribunal Superior de Justicia admitió una controversia de inconstitucionalidad promovida por el Congreso de Nuevo León para frenar el reconocimiento de Ulises Carlín como encargado de la Tesorería estatal y evitar que pueda contratar financiamiento.
Busca Congreso frenar reconocimiento de Carlín en Tesorería

La disputa entre el Congreso de Nuevo León y el Gobierno del Estado sumó un nuevo capítulo este miércoles, luego de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) admitiera una controversia de inconstitucionalidad relacionada con las facultades de Ulises Carlín, encargado del despacho de la Tesorería estatal.

La acción legal fue promovida por el Poder Legislativo para impedir que resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) obliguen a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a reconocer oficialmente a Carlín como titular de la Tesorería.

¿Por qué el Congreso impugnó las facultades de Ulises Carlín?

De acuerdo con diputados locales, el objetivo es evitar que el funcionario pueda ejercer atribuciones que, desde su perspectiva, corresponden únicamente a un titular formalmente designado y ratificado conforme a la ley.

La presidenta de la Comisión de Vigilancia, Cecilia Robledo Suárez, informó que la Dirección Jurídica del Congreso ya atiende el caso y dará seguimiento a las acciones legales derivadas de la controversia admitida por el TSJ.

¿Qué resolvió el Tribunal Superior de Justicia?

Según explicó la legisladora, el Tribunal admitió la controversia de inconstitucionalidad presentada por el Congreso, por lo que también se notificó a la Auditoría Superior del Estado para que participe dentro del procedimiento.

La medida busca analizar si las resoluciones emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa invaden competencias del Poder Legislativo y de la Auditoría.

PAN acusa actuación inconstitucional

El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, aseguró que las acciones emprendidas por Ulises Carlín carecen de sustento constitucional.

El legislador argumentó que el Tribunal de Justicia Administrativa comenzó a requerir información a la Auditoría Superior del Estado, situación que, a su juicio, vulnera la autonomía del órgano fiscalizador del Congreso.

“Desde nuestro punto de vista eso es inconstitucional porque no hay ninguna figura legalmente reconocida a cargo de la Tesorería”, señaló.

¿Qué impacto tendría el reconocimiento de Ulises Carlín?

El fondo de la disputa jurídica radica en la posibilidad de que el encargado del despacho pueda realizar trámites financieros en representación del Estado.

De acuerdo con los diputados, el juicio promovido por Carlín busca que diversas instituciones financieras reconozcan plenamente su facultad para gestionar operaciones, incluyendo la contratación de financiamiento de corto plazo.

La batalla legal continúa

La admisión de la controversia abre una nueva etapa en el conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo, que durante los últimos meses han mantenido diferencias sobre diversos nombramientos, atribuciones administrativas y decisiones presupuestales.

Ahora será el Tribunal Superior de Justicia quien determine si las actuaciones impugnadas son compatibles con el marco constitucional de Nuevo León y si Ulises Carlín puede ejercer plenamente las facultades que reclama como encargado del despacho de la Tesorería estatal.

Enfoque / El Porvenir