Monterrey, N.L.— Tras los recientes derrames químicos registrados en arroyos de la zona metropolitana de Monterrey, la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso Local urgió al Fiscal General de Justicia del Estado, Javier Flores Saldívar, a nombrar de inmediato al nuevo Fiscal Ambiental de Nuevo León.
La coordinadora de la fracción, Claudia Chapa Marmolejo, aseguró que el nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales es indispensable para frenar la contaminación provocada por algunas industrias que afectan directamente a cuerpos de agua como el Arroyo La Talaverna y el Arroyo Topo Chico.
Empresas responsables y sanciones insuficientes
Entre los casos más recientes, señaló a las empresas Ternium y Pyosa, señaladas por haber ocasionado derrames químicos en dichos arroyos.
Aunque las compañías fueron multadas, la legisladora advirtió que las sanciones económicas no son suficientes y pidió elevar el nivel de castigo mediante procesos penales, lo cual solo será posible con la figura de un Fiscal Ambiental activo y competente.
“Es urgente que ya se nombre a un Fiscal Ambiental en Nuevo León. Hemos visto que siguen ocurriendo casos graves de contaminación, y necesitamos frenar esto ya”, declaró Chapa Marmolejo.
Perfil idóneo y sin conflictos de interés
La diputada enfatizó que la persona seleccionada para este cargo debe contar con amplio conocimiento en leyes ambientales federales y estatales, así como capacidad investigativa en delitos de índole penal.
Además, advirtió que el perfil debe estar libre de vínculos con la industria privada, para garantizar imparcialidad en la aplicación de la ley.
“Debe ser alguien con un perfil sólido, alejado de intereses empresariales, y con el compromiso de proteger los recursos naturales del estado”, agregó.
Fecha límite para nombramiento
La Fiscalía Ambiental de Nuevo León fue aprobada el pasado 30 de abril, y según la legislación vigente, el titular debe ser designado antes del 10 de junio.
Esta Fiscalía representa la primera en su tipo a nivel nacional, por lo que su implementación correcta es considerada un paso histórico en la protección del medio ambiente y la justicia ecológica en México.
