Acusan a Santiago Peña de asociación criminal
Asunción, Paraguay.- La Fiscalía de Paraguay amplió este viernes 13 de noviembre de 2026 la imputación contra el expresidente Santiago Peña, a quien atribuye el presunto liderazgo de una asociación criminal que habría utilizado instituciones del Estado para beneficiar a Ueno Bank, entidad financiera cuyo colapso desencadenó una crisis política y bancaria en el país sudamericano.
La nueva acusación también incluye a cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellas su antiguo presidente, Carlos Carvallo, por su supuesta participación en una estructura que habría favorecido los intereses del banco y de su grupo empresarial.
De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, los investigados habrían aprovechado sus cargos para influir en decisiones relacionadas con el manejo de recursos públicos, la supervisión bancaria y la permanencia de depósitos estatales en la institución financiera.
Peña, quien fue destituido el 6 de noviembre y permanece bajo prisión preventiva, ya enfrentaba imputaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio. Tanto el exmandatario como Carvallo han rechazado haber cometido irregularidades.
La ampliación de la investigación representa un nuevo capítulo del caso Ueno Bank, que también ha provocado cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y los mecanismos de vigilancia del sistema financiero paraguayo.
¿Por qué acusa la Fiscalía a Santiago Peña de asociación criminal?
La nueva imputación sostiene que el expresidente habría encabezado una estructura integrada por funcionarios del Poder Ejecutivo y del Banco Central que supuestamente actuaban para favorecer a Ueno Bank.
Según la investigación, Peña habría utilizado su posición como presidente para influir en organismos públicos y entidades estatales, con el propósito de mantener importantes cantidades de dinero depositadas en el banco.
El Ministerio Público también investiga si el exmandatario intervino en decisiones institucionales que beneficiaron a la entidad financiera, pese a los vínculos económicos que presuntamente mantenía con empresas relacionadas con el grupo bancario.
Entre los señalamientos se encuentran posibles instrucciones favorables a Ueno Bank, la presunta omisión de advertencias sobre problemas de solvencia y la recepción de pagos irregulares.
Las autoridades consideran que estos hechos podrían formar parte de un esquema organizado para proteger intereses particulares mediante decisiones de instituciones públicas.
No obstante, se trata de acusaciones formuladas por la Fiscalía que todavía deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
La imputación por asociación criminal no constituye una sentencia condenatoria ni demuestra por sí sola que los investigados cometieron los delitos atribuidos.
¿Qué relación tiene el expresidente de Paraguay con el caso Ueno Bank?
La investigación se originó a partir de presuntas irregularidades relacionadas con Ueno Bank, entidad financiera que recibió importantes depósitos de organismos estatales y previsionales durante la administración de Santiago Peña.
De acuerdo con documentos del Ministerio Público paraguayo, las autoridades investigan operaciones realizadas entre 2023 y 2026, periodo en el que recursos públicos fueron colocados y mantenidos en el banco.
Según información de la Dirección General del Tesoro Público citada en la investigación, hasta septiembre de 2026 los fondos de instituciones estatales depositados en Ueno Bank alcanzaban aproximadamente 3.6 billones de guaraníes y 233.4 millones de dólares.
La Fiscalía busca determinar si existieron decisiones irregulares para favorecer a la institución financiera y si algunos funcionarios intervinieron indebidamente en los mecanismos de supervisión.
El caso adquirió una dimensión nacional después del colapso de Ueno Bank, que provocó preocupación entre sus clientes y puso bajo revisión la actuación de autoridades encargadas de vigilar el sistema bancario.
La crisis también tuvo consecuencias políticas para Santiago Peña, quien fue separado de la Presidencia mediante un juicio político.
Posteriormente, las autoridades judiciales ordenaron su prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.
El exmandatario niega las acusaciones formuladas en su contra, por lo que su responsabilidad penal deberá determinarse conforme al procedimiento judicial correspondiente.
¿Qué consecuencias enfrenta Santiago Peña tras su destitución?
La ampliación de la imputación ocurre una semana después de que Santiago Peña dejara la Presidencia de Paraguay el 6 de noviembre de 2026, en medio de la crisis provocada por el caso Ueno Bank.
Tras su salida del cargo, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia, conforme al proceso de sucesión institucional.
El 7 de noviembre, la Fiscalía formalizó imputaciones contra Peña y el expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, por presuntos hechos relacionados con la administración de recursos y posibles beneficios particulares.
Ese mismo día, un juez ordenó que ambos permanecieran bajo prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento.
Días después, las autoridades realizaron diligencias en propiedades vinculadas con los investigados para reunir documentación y otros elementos relacionados con las operaciones financieras examinadas.
Ahora, con la incorporación del presunto delito de asociación criminal, el Ministerio Público amplía el alcance de la investigación e incluye a otros exfuncionarios del sistema bancario paraguayo.
La Fiscalía deberá sustentar sus acusaciones con pruebas ante las autoridades judiciales, mientras las defensas de los imputados podrán controvertir los señalamientos.
El caso continúa abierto y mantiene bajo investigación las decisiones adoptadas durante la administración de Peña, el manejo de recursos públicos y la supervisión de Ueno Bank.
Hasta ahora no existe una sentencia definitiva contra el expresidente por estos hechos, por lo que las acusaciones deben entenderse dentro del proceso penal en curso.
