Propone Javier Navarro reforma judicial sin intereses políticos en Nuevo León
Monterrey, N.L.- El coordinador del Gabinete de Buen Gobierno de Nuevo León, Javier Navarro Velasco, propuso que la reforma al Poder Judicial del Estado sea construida con la participación de instituciones académicas, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores de la sociedad, para evitar que su contenido responda a intereses políticos.
El exsecretario general de Gobierno sostuvo que la homologación de la reforma judicial federal debe considerar las características particulares de Nuevo León, mediante un proyecto que denominó “modelo norteño”.
Navarro Velasco presentó su postura durante el panel “La Justicia de Nuevo León ¿Rezagada?”, organizado por Letras de Poder en el Centro Internacional de Transferencia de Tecnología World Trade Center de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).
El funcionario consideró que el aplazamiento hasta 2028 del proceso de elección popular de jueces y magistrados ofrece una oportunidad para construir una propuesta consensuada, con criterios técnicos y participación ciudadana.
También advirtió sobre el riesgo de que, a su juicio, determinados grupos políticos concentren influencia sobre los poderes públicos, por lo que llamó a establecer mecanismos que privilegien la preparación y capacidad de quienes aspiren a integrar el sistema judicial.
¿Qué propone Javier Navarro para la reforma al Poder Judicial de Nuevo León?
Javier Navarro Velasco planteó que la reforma judicial estatal no se limite a reproducir las disposiciones federales, sino que responda a las necesidades particulares de los habitantes de Nuevo León.
El funcionario señaló que los cambios deben surgir del análisis de las condiciones locales y de la participación de distintos sectores sociales.
“Estos cambios a nuestro sistema Judicial tienen que estar pensados en función de los requerimientos de los nuevoleoneses. Una reforma norteña que se base en nuestra realidad”, expresó.
De acuerdo con Navarro, las universidades, organizaciones de la sociedad civil y organismos empresariales deben tener participación en la elaboración y discusión del proyecto.
Consideró que esta colaboración permitiría incorporar criterios profesionales y evitar que las decisiones sobre la integración del Poder Judicial dependan exclusivamente de acuerdos entre partidos políticos.
El funcionario recordó que ya fue presentada ante el Congreso de Nuevo León una iniciativa impulsada por organizaciones civiles, representantes del sector empresarial e instituciones académicas.
Afirmó que dicha propuesta debería ser considerada por los diputados cuando analicen la homologación de la reforma judicial federal en el estado.
¿Por qué Javier Navarro advierte riesgos políticos en la reforma judicial?
Durante su intervención, el coordinador del Gabinete de Buen Gobierno expresó preocupación por una posible concentración de poder político en Nuevo León.
Navarro sostuvo que, desde su perspectiva, diferentes grupos partidistas mantienen influencia sobre los poderes Legislativo y Judicial, situación que consideró relevante para el debate sobre los mecanismos de selección de jueces y magistrados.
“Recordemos que diversos grupos políticos se repartieron y controlan el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y se corre el riesgo de que si llegan a ganar las elecciones, también tendrán en el Poder Ejecutivo”, planteó.
El funcionario agregó que una eventual concentración de influencia en los tres poderes podría afectar los equilibrios institucionales.
“De ocurrir esto se concentraría todo el Poder en unos cuantos, lo que sería en perjuicio para la democracia y para la sociedad en general”, advirtió.
Estas declaraciones forman parte de la postura política expresada por Javier Navarro durante el foro y no constituyen una determinación judicial sobre el funcionamiento de los poderes estatales.
En ese contexto, insistió en que la reforma debe surgir de un proceso de discusión en el que participen actores ajenos a los intereses partidistas.
¿Cómo plantea seleccionar a jueces y magistrados en Nuevo León?
Uno de los puntos centrales de la propuesta expuesta por Javier Navarro Velasco es que las instituciones académicas participen en la evaluación de aspirantes a jueces y magistrados.
El funcionario consideró necesario revisar la trayectoria profesional, experiencia, preparación y ética de quienes busquen ocupar cargos dentro del Poder Judicial.
Su planteamiento contempla que las universidades contribuyan a identificar perfiles con las capacidades necesarias antes de aplicar el mecanismo de selección correspondiente.
“La participación de aspirantes a jueces y magistrados debería ser evaluada por instituciones académicas para que los mejores perfiles, que cuente con experiencia profesional, ética y capacidad puedan ser electos, ya sea por tómbola o por votación en urnas, para garantizar que los mejores perfiles lleguen a ocupar estos cargos”, puntualizó.
Navarro señaló que el aplazamiento del proceso de elección popular de juzgadores hasta 2028, mencionado durante su intervención, brinda margen para discutir las reglas que deberían aplicarse en Nuevo León.
Desde su perspectiva, ese periodo debe aprovecharse para construir acuerdos entre legisladores, universidades, especialistas y organizaciones ciudadanas.
Con esta propuesta, el funcionario llamó al Congreso local a considerar las iniciativas presentadas por distintos sectores y a impulsar una reforma judicial adaptada a Nuevo León, con mecanismos de evaluación que prioricen la capacidad profesional de los aspirantes.
