Ampara SCJN a dos pedreras contra Impuesto Verde en Nuevo León
Monterrey, N.L.- El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García Sepúlveda, recibió un nuevo revés judicial luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concediera amparos a dos empresas pedreras contra el cobro del Impuesto Verde, al determinar que el gravamen invade competencias tributarias exclusivas de la Federación.
Las resoluciones beneficiaron a las empresas Granix y Triturados El Roble, que promovieron recursos legales contra disposiciones de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León, mediante las cuales la administración estatal estableció el cobro de este impuesto.
De acuerdo con los proyectos analizados por los ministros, el gravamen resulta inconstitucional al intervenir en facultades que corresponden al Gobierno federal en materia de aprovechamiento y explotación de recursos naturales.
Ambos asuntos fueron sometidos a votación durante la sesión de la Corte y aprobados por mayoría, con seis votos a favor y dos en contra, estos últimos de Hugo Aguilar y Yasmín Esquivel.
Además de conceder la protección federal a las empresas, las resoluciones contemplan la devolución de los recursos pagados por concepto del Impuesto Verde, incluyendo las actualizaciones correspondientes.
¿Por qué la Suprema Corte declaró inconstitucional el Impuesto Verde de Nuevo León?
La primera resolución corresponde al amparo 596/2025, promovido por la empresa Granix, cuyo proyecto fue presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
En su determinación, la ministra señaló que las disposiciones impugnadas de la legislación estatal invaden la competencia tributaria de la Federación, motivo por el cual propuso conceder la protección constitucional a la empresa.
“La propuesta es conceder el amparo, se determinó que son inconstitucionales por invadir la competencia tributaria exclusiva de la Federación”, establece el proyecto.
El documento señala que las entidades federativas deben ejercer sus facultades tributarias dentro de los límites establecidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En particular, hace referencia al artículo 73, fracción XXIX, que reserva a la Federación determinadas facultades para establecer contribuciones relacionadas con el aprovechamiento y explotación de recursos naturales.
“Se precisa que esta potestad debe ejercerse dentro del sistema de distribución de competencias establecido por la Constitución federal, en particular el Artículo 73, fracción 29, reserva a la Federación la facultad de establecer contribuciones sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4 y 5 del artículo 27 constitucional”, señala el acuerdo avalado.
Con esta interpretación, la Corte concedió el amparo a Granix contra las disposiciones fiscales estatales impugnadas.
¿Qué empresas pedreras ganaron amparos contra el Impuesto Verde?
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación favorecieron a dos empresas del sector de extracción de materiales ubicadas en Nuevo León.
La primera es Granix, beneficiada mediante el amparo 596/2025, bajo el proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
El segundo caso corresponde a Triturados El Roble, empresa que promovió el amparo 593/2025 contra el pago del Impuesto Verde establecido por la administración estatal.
Este asunto fue analizado mediante un proyecto de la ministra Sara Irena Herrerías Guerra, quien determinó que existía una violación constitucional relacionada con los artículos 118 al 123 de la Ley de Hacienda del Estado de Nuevo León.
Estas disposiciones contemplan el cobro del gravamen cuestionado por las empresas.
Los dos proyectos fueron aprobados por mayoría de los ministros, con seis votos favorables y dos en contra.
Las resoluciones no solamente contemplan dejar sin efecto el cobro impugnado a las empresas beneficiadas, sino también la devolución de los pagos efectuados, con sus respectivas actualizaciones.
Según la información del caso, este representa el tercer revés judicial relacionado con el Impuesto Verde para la administración estatal, luego de que anteriormente una empresa yesera obtuviera una resolución favorable.
¿Cómo afectarán los amparos del Impuesto Verde a las finanzas de Nuevo León?
Las decisiones de la SCJN podrían tener repercusiones en los ingresos del Gobierno de Nuevo León, debido a que las empresas beneficiadas dejarían de cubrir el gravamen impugnado y podrían recuperar los recursos previamente pagados conforme a lo resuelto.
De acuerdo con la información presentada sobre el caso, se estima una posible afectación de 2 mil 500 millones de pesos para las finanzas estatales relacionada con el cobro de este impuesto.
Sin embargo, el alcance de esa cantidad deberá precisarse para distinguir los recursos que dejarían de ingresar al Estado de aquellos que tendrían que devolverse por las resoluciones judiciales.
El Impuesto Verde ha sido una de las medidas fiscales implementadas durante la administración de Samuel García Sepúlveda, pero los recursos de amparo promovidos por empresas del sector extractivo han generado cuestionamientos sobre su constitucionalidad.
Con los fallos favorables a Granix y Triturados El Roble, el Gobierno estatal enfrenta nuevas consecuencias legales y financieras derivadas de la aplicación del gravamen.
Las resoluciones de la Suprema Corte se centran en la distribución constitucional de facultades tributarias entre la Federación y el Estado, aspecto que resultó determinante para conceder la protección federal a las empresas.
