Ordenan libertad bajo protesta para dos sentenciados por el caso Casino Royale
MONTERREY, Nuevo León.- A más de 15 años del ataque al Casino Royale, una jueza federal ordenó la libertad bajo protesta de dos integrantes de Los Zetas que fueron sentenciados por delincuencia organizada en una causa penal relacionada con el caso.
Se trata de José Alberto Loera Rodríguez, alias “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, “La Rana”, quienes recibieron una sentencia de 15 años de prisión dentro de un proceso iniciado en 2011.
La resolución fue emitida por Mabel Cortez Navarrete, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, y contempla la liberación a partir de los últimos minutos del 4 de octubre.
¿Quiénes son los sentenciados que podrían quedar en libertad?
Loera Rodríguez y Montoya Chávez fueron condenados por delincuencia organizada dentro de la causa penal 162/2011-Ter, relacionada con el ataque al Casino Royale.
Antes de la resolución, “El Voltaje” se encontraba internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 12, en Ocampo, Guanajuato, mientras que “La Rana” estaba recluido en el penal federal número 18, en Ramos Arizpe, Coahuila.
Sin embargo, la determinación judicial únicamente corresponde a esa causa penal, por lo que ambos podrían continuar privados de la libertad si enfrentan otros procesos o condenas.
¿Qué pasó con el ataque al Casino Royale?
El 25 de agosto de 2011, un grupo de integrantes de Los Zetas llegó al Casino Royale, ubicado en Monterrey, y provocó un incendio después de rociar gasolina dentro del establecimiento.
El ataque ocurrió alrededor de las 15:48 horas y dejó 52 personas muertas, convirtiéndose en uno de los episodios más violentos registrados en Nuevo León.
El caso ha mantenido durante años procesos judiciales contra personas señaladas como integrantes del grupo criminal involucrado en el atentado.
¿Qué piden las familias de las víctimas del Casino Royale?
Familiares de las víctimas exigieron al Poder Judicial de la Federación transparentar los motivos que llevaron a ordenar la libertad bajo protesta.
Samara Pérez, vocera de las familias, señaló que hasta el momento no han recibido una notificación oficial sobre la resolución ni cuentan con información suficiente sobre sus fundamentos jurídicos.
Los familiares consideraron que la falta de información representa una nueva forma de revictimización y solicitaron que las autoridades expliquen formalmente el procedimiento, la autoridad que emitió la resolución y el alcance que tendrá.
El Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros también solicitó información al juzgado de origen para confirmar si los sentenciados fueron puestos en libertad y, en su caso, conocer los domicilios o medios electrónicos que proporcionaron para recibir notificaciones.
