Waldo Fernández acusa a Samuel García de favorecer a empresas que aportan al Gobierno
La promesa de Samuel García de brindar un “trato preferencial” a empresas que colaboraron económicamente con proyectos del Gobierno de Nuevo León abrió un nuevo frente político.
Waldo Fernández, aspirante a coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, cuestionó este lunes el esquema y aseguró que las declaraciones del Gobernador deben ser investigadas para determinar si representan alguna irregularidad.
El senador utilizó una expresión particularmente dura para describirlo:
“¿Cooperas o cuello?”
Para Fernández, ofrecer facilidades gubernamentales diferenciadas a compañías que realizaron aportaciones puede generar condiciones inequitativas frente a quienes no participaron.
¿Qué dijo Samuel García a los empresarios?
La controversia surgió durante un encuentro con compañías participantes de Ponte Nuevo, Ponte Mundial, programa de colaboración entre el Gobierno estatal y la iniciativa privada.
García agradeció el apoyo empresarial y señaló que quienes participaron recibirían facilidades ante diferentes dependencias estatales.
“Lo menos que podemos hacer como Estado es dejar de estorbarles”, expresó.
También señaló que las empresas tendrían un “trato preferencial” frente a situaciones relacionadas con Medio Ambiente, inspecciones laborales, Fuerza Civil y otras áreas de competencia estatal.
Según la explicación difundida alrededor del programa, el beneficio incluiría trámites más ágiles y mecanismos directos de atención ante posibles actos de corrupción o extorsión de funcionarios.
Waldo acusa un esquema de “cooperas o cuello”
Fernández interpretó las palabras de García de una manera muy distinta.
“El cobro de piso y la extorsión se están convirtiendo en una política pública de Samuel García”, afirmó.
Después agregó:
“Te está diciendo: ‘¿cooperas o cuello?’”.
El aspirante de la 4T argumentó que un Gobierno no debería diferenciar la protección o atención que ofrece a una empresa en función de si realizó aportaciones a determinado programa público.
La acusación, sin embargo, corresponde a la postura política de Fernández y no significa que exista una resolución que determine que Samuel García cometió extorsión.
¿Qué es Ponte Nuevo?
El programa comenzó bajo el nombre de Ponte Nuevo, Ponte Mundial como una estrategia para sumar empresas, universidades y organizaciones a proyectos vinculados con la transformación urbana y social de Nuevo León rumbo al Mundial de 2026.
El Gobierno estatal informó en mayo que ya participaban 104 empresas, organismos, universidades y asociaciones, con más de 352 millones de pesos en aportaciones económicas y en especie.
Las acciones se han relacionado con proyectos de:
Movilidad.
Espacios públicos.
Infraestructura deportiva.
Mejora urbana.
Seguridad.
Programas sociales.
El Ejecutivo busca ahora convertir esa colaboración en una estrategia permanente bajo el nombre Ponte Nuevo.
Samuel quiere convertir el programa en política permanente
La discusión adquiere mayor relevancia porque García anunció que prepara un decreto para prolongar el modelo después del Mundial.
De acuerdo con información difundida sobre el encuentro empresarial, el programa ha reunido alrededor de 503 millones de pesos en su etapa más reciente y el Gobernador pretende institucionalizarlo para que continúe incluso después de su administración.
Parte del nuevo esquema estaría relacionado con una ampliación de Cero Clausuras, programa diseñado originalmente para reducir obstáculos burocráticos para pequeñas y medianas empresas.
Waldo pide intervención de la Fiscalía
Fernández consideró que las declaraciones del mandatario ameritan una revisión de las autoridades.
“Evidentemente está violando la ley”, afirmó.
También sostuvo que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León debería abrir una investigación para establecer si los beneficios ofrecidos a determinadas empresas pueden representar una conducta ilícita.
Por ahora, no existe una determinación de la Fiscalía que sostenga que el esquema constituye extorsión o algún otro delito.
Acusa que empresarios podrían temer represalias
Otro de los señalamientos de Waldo fue que algunos empresarios evitarían presentar denuncias por temor a consecuencias administrativas.
“El problema es que es juez y parte porque manda a sus inspectores”, expresó.
Según Fernández, esa situación justificaría que la Fiscalía actuara incluso sin esperar una denuncia empresarial específica.
Nuevamente, esas afirmaciones corresponden a la acusación del aspirante opositor y no a hechos establecidos judicialmente.
Gobierno plantea el esquema como combate a burocracia y corrupción
La explicación ofrecida desde el entorno gubernamental es diferente.
García presentó las facilidades como un reconocimiento a empresas que participaron en proyectos de beneficio público y como una manera de impedir que funcionarios obstaculicen injustificadamente su actividad.
Dentro del modelo se contempla atención directa ante denuncias por posibles intentos de corrupción o problemas relacionados con permisos e inspecciones.
El Gobernador también ha defendido reiteradamente la colaboración entre Gobierno e iniciativa privada como uno de los pilares de su administración.
El punto polémico: ¿por qué sólo quienes aportan?
Ese es precisamente el cuestionamiento central planteado por Waldo Fernández.
Si las empresas tienen derecho a recibir trámites ágiles, inspecciones legales y protección frente a servidores públicos corruptos, ¿por qué vincular esos servicios a una aportación?
Para el aspirante de la 4T, ese vínculo transforma lo que debería ser una obligación general del Gobierno en un beneficio condicionado.
Será necesario conocer el decreto anunciado por Samuel García para determinar exactamente qué ventajas recibirán las empresas participantes, cuáles serán los requisitos y si existirán diferencias respecto del resto del sector privado.
Aún no existe una investigación que determine delito
La polémica se encuentra por ahora en el terreno político.
Samuel García efectivamente habló de “trato preferencial” y de dejar de generar “molestias” a las compañías que apoyaron el programa.
Waldo Fernández considera que esa política puede equivaler a una forma de extorsión.
Pero entre ambas cosas existe una diferencia jurídica importante.
Una declaración política no convierte automáticamente una política pública en delito.
Para establecerlo sería necesaria una investigación de las autoridades competentes y, eventualmente, una resolución judicial.
