Congreso de la Unión pide a ASF revisar recursos federales ejercidos por Nuevo León
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) una revisión integral del ejercicio de recursos federales por parte del Gobierno de Nuevo León durante la administración de Samuel García Sepúlveda.
El planteamiento fue impulsado por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar y propone poner especial atención en contratos de servicios y obras públicas financiadas total o parcialmente con recursos provenientes de la Federación.
De acuerdo con el dictamen aprobado el 19 de agosto, la revisión abarcaría recursos transferidos al Estado mediante aportaciones, subsidios, convenios, reasignaciones y otros mecanismos federales.
¿Qué busca revisar la ASF en el Gobierno de Nuevo León?
El punto de acuerdo plantea que la fiscalización no se limite a los contratos, sino que incluya también los pagos efectuados, transferencias, posibles subcontrataciones, empresas relacionadas, cumplimiento de servicios y destino de los recursos públicos.
El documento advierte que los procesos de contratación y ejecución de obra pública pueden presentar riesgos como sobrecostos, adjudicaciones sin justificación, obras inconclusas, servicios no comprobados o conflictos de interés.
Sin embargo, la inclusión de esos riesgos en el dictamen no significa que hayan sido acreditados en el caso de Nuevo León.
El acuerdo solicita a la ASF que, dentro de sus atribuciones y si lo considera procedente, determine las acciones de fiscalización correspondientes.
¿Qué señalamientos incluye el dictamen sobre la administración estatal?
Entre los argumentos del documento se mencionan señalamientos públicos sobre presuntas operaciones entre empresas proveedoras del Gobierno estatal y sociedades relacionadas con personas cercanas al Gobernador.
También se hace referencia a un despacho presuntamente relacionado con Samuel García y su familia, al que se atribuye el pago de más de 81 millones de pesos para una estrategia de comunicación en redes sociales mediante una empresa que, según el planteamiento, también habría sido proveedora del Gobierno estatal.
Estas referencias forman parte de los antecedentes y argumentos expuestos en el punto de acuerdo y no equivalen a una conclusión de la ASF, una resolución administrativa ni una determinación judicial.
La eventual revisión deberá establecer, en su caso, si los recursos federales fueron ejercidos conforme a la normativa aplicable.
En caso de que la ASF detecte observaciones o posibles responsabilidades, el exhorto solicita que se promuevan las acciones correspondientes ante las autoridades competentes.
Por ahora, la aprobación representa únicamente una petición de fiscalización, por lo que no debe afirmarse que existen irregularidades comprobadas, desvíos o responsabilidades administrativas o penales.
