Ariadna Montiel rechaza críticas de expresidentes por el caso Ruffo
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, rechazó el pronunciamiento de 25 exjefes de Estado y de Gobierno que calificaron el proceso judicial contra Ernesto Ruffo Appel como un caso de persecución política.
La dirigente sostuvo que la postura de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, conocida como Grupo IDEA, pretende trasladar al terreno mediático e internacional un expediente que corresponde analizar a las autoridades judiciales mexicanas.
Montiel defendió el derecho de los exmandatarios a expresar sus opiniones, pero cuestionó que intenten influir sobre una investigación en curso o anticipar una conclusión sobre la responsabilidad del exgobernador de Baja California.
¿Qué dijo Ariadna Montiel sobre el Grupo IDEA?
La dirigente morenista afirmó que México no necesita recibir lecciones de democracia de antiguos gobernantes cuyas administraciones, aseguró, estuvieron vinculadas con episodios de represión, espionaje, intervención electoral y violaciones a los derechos humanos.
“Quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México”.
Montiel consideró que los firmantes del pronunciamiento no pueden presentarse como una autoridad moral ni sustituir las funciones de los tribunales nacionales.
“No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder”.
También defendió la soberanía del país y rechazó que organizaciones extranjeras intenten certificar el funcionamiento de las instituciones mexicanas.
“La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero”.
Ariadna Montiel fue elegida presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena para el periodo 2026-2029.
¿Qué denunció el Grupo IDEA sobre Ernesto Ruffo?
El Grupo IDEA aseguró que el proceso contra Ernesto Ruffo Appel representa una forma de criminalización política y expresó preocupación por el estado de las instituciones judiciales mexicanas.
Los exmandatarios señalaron que la investigación podría afectar el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia del exgobernador panista.
Montiel rechazó esa interpretación y sostuvo que el pronunciamiento busca presentar una absolución anticipada mediante la presión política y mediática.
“Lo que no tienen es autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar el desarrollo de una investigación o presentarse como una instancia supranacional capaz de decidir quién puede ser investigado en nuestro país”.
La dirigente insistió en que México es una nación soberana y que las investigaciones deben resolverse de acuerdo con la legislación nacional.
¿De qué se acusa a Ernesto Ruffo Appel?
Montiel señaló que el expediente no surgió de una instrucción política, sino de una investigación desarrollada durante aproximadamente un año.
De acuerdo con la postura de Morena, las indagatorias están relacionadas con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible transportados en 129 carrotanques.
La dirigente aseguró que Ruffo Appel contó con defensa jurídica, compareció ante una autoridad judicial y tuvo la posibilidad de presentar recursos contra las decisiones tomadas durante el proceso.
La Fiscalía ha sostenido que el caso se relaciona con presuntos delitos vinculados con contrabando de combustible y operaciones empresariales, mientras los defensores del exgobernador afirman que existe una motivación política.
Morena acusa presión política desde el extranjero
Montiel afirmó que el comunicado de los expresidentes representa un intento de antiguas élites políticas por proteger a uno de sus aliados y desviar la atención de los hechos investigados.
“El comunicado del Grupo IDEA sólo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas, pero México ya cambió”.
La dirigente indicó que no deben existir condenas anticipadas impulsadas desde el poder, pero tampoco absoluciones otorgadas por afinidad política o personal.
“Ni persecución ni privilegios, ni tutelas extranjeras ni absoluciones entre amigos: soberanía popular, autodeterminación, debido proceso y justicia para todas y todos”.
El caso continuará en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar si existen elementos suficientes para sostener las acusaciones y garantizar los derechos de las personas investigadas.
