Rocha Moya niega protección militar; Gobierno rechaza operativo para ocultarlo
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, reapareció públicamente para negar que se encuentre bajo protección del Ejército o de alguna corporación federal, luego de versiones que señalaron un presunto operativo para ocultarlo ante las acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos.
A través de su cuenta de X, Rocha Moya aseguró que permanece en su domicilio en Culiacán desde el 1 de mayo, fecha en la que solicitó licencia para separarse del cargo y enfrentar las investigaciones sin el fuero constitucional correspondiente a su posición como gobernador.
¿Qué dijo Rubén Rocha Moya sobre su paradero?
El mandatario con licencia afirmó que este 9 de julio se cumplieron 69 días desde que pidió dejar temporalmente el Gobierno de Sinaloa. Según su mensaje, tomó esa decisión para permitir que las autoridades competentes lo investiguen sin obstáculos legales ni políticos.
“Lo hice desde mi convicción de mexicano que confía en las instituciones y en las leyes de nuestro país, con la finalidad de que, sin la protección del fuero constitucional inherente a mi cargo, se me investigue con toda amplitud y sin cortapisa alguna por las autoridades competentes”, escribió.
Rocha Moya también rechazó que elementos federales lo estén vigilando, escoltando o resguardando. Aseguró que las versiones sobre una supuesta protección oficial son falsas y forman parte de una campaña de señalamientos en su contra.
¿Rocha Moya está protegido por el Ejército?
El Gabinete de Seguridad federal rechazó las versiones sobre un supuesto operativo para cambiar de ubicación, esconder o proteger a Rubén Rocha Moya.
En una carta aclaratoria, las instituciones de seguridad afirmaron que es falso que el gobernador con licencia permanezca bajo resguardo del Ejército en instalaciones militares. También negaron que exista alguna acción del Gobierno de México para protegerlo u ocultarlo frente a investigaciones nacionales o extranjeras.
El posicionamiento fue suscrito por dependencias que integran el gabinete, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
¿Qué respondió el Gabinete de Seguridad?
Las autoridades federales sostuvieron que en México no hay protección institucional para personas investigadas, sin importar el cargo, la filiación política o las relaciones personales.
“En el Gobierno de México no se protege a nadie”, destacó el Gabinete de Seguridad.
El comunicado señaló que la política de cero impunidad se aplica sin distinciones y que los resultados de la estrategia de seguridad son públicos y verificables.
Como parte de su argumento, el gabinete afirmó que durante la actual administración han sido detenidas más de 56 mil personas por delitos de alto impacto, incluyendo líderes, operadores y generadores de violencia de distintas organizaciones criminales.
¿Qué acusaciones enfrenta Rubén Rocha Moya?
Rocha Moya se separó del cargo después de que autoridades de Estados Unidos emitieran señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico, así como una solicitud relacionada con su detención y extradición.
El gobernador con licencia ha negado dichas acusaciones y las calificó como falsas. En su pronunciamiento, sostuvo que ha sido blanco de una campaña mediática y política.
“He sido objeto de una atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno. Las acusaciones que se me formulan por una oficina del gobierno de los Estados Unidos son falsas”, expresó.
¿Qué lectura política dio Rocha Moya a los señalamientos?
En su mensaje, Rocha Moya acusó que los señalamientos forman parte de un ataque promovido desde sectores de la ultraderecha, con el objetivo de golpear al movimiento de transformación y afectar la soberanía nacional.
Mientras tanto, el Gabinete de Seguridad insistió en que ninguna institución federal ha realizado acciones para ocultarlo o protegerlo. También reiteró que cualquier investigación debe seguir los cauces legales correspondientes.
El caso mantiene la atención pública sobre Sinaloa, el papel de las instituciones mexicanas y la relación con las autoridades estadounidenses en investigaciones vinculadas al crimen organizado.
