Cancela Monterrey contrato con Next Energy
El Gobierno de Monterrey confirmó la cancelación definitiva del contrato que mantenía con el consorcio conformado por Next Energy de México, Constructora Maíz Mier y Eólica Santa Catarina, tras determinar incumplimientos y retrasos en los compromisos establecidos para el suministro de energía limpia en la ciudad.
La administración municipal informó que la rescisión administrativa se concretó luego de una serie de procedimientos legales y administrativos orientados a proteger los recursos públicos y el patrimonio de la ciudad.
Según las autoridades, este proceso permitió concluir la relación contractual en condiciones favorables para las finanzas municipales.
El proyecto tuvo su origen en marzo de 2020, cuando el consorcio ganó una licitación nacional para suministrar energía renovable al alumbrado público y dependencias municipales.
El acuerdo contemplaba la construcción de una planta de generación limpia en un plazo de un año, infraestructura que eventualmente pasaría a ser propiedad del municipio.
Sin embargo, la central nunca fue edificada, lo que derivó en sanciones económicas por un total de 174.5 millones de pesos debido al incumplimiento de las empresas.
Posteriormente, en mayo de 2024, se modificaron las condiciones del contrato para sustituir la planta por un esquema basado en la instalación de aproximadamente 45 mil paneles solares distribuidos en postes de alumbrado, espacios públicos y edificios municipales.
Como parte de ese convenio se emitieron pagarés por más de 3 mil 150 millones de pesos, que comprometían pagos mensuales de hasta 49 millones de pesos.
No obstante, al cierre de la administración anterior no se reportaban avances significativos en la interconexión de los sistemas solares.
Tras asumir funciones, la actual administración realizó auditorías y revisiones técnicas que detectaron la falta de avance del proyecto y debilidades en los mecanismos de protección para la ciudad.
Como resultado, se recuperaron 239 millones de pesos por adeudos relacionados con incumplimientos contractuales, 32 millones de pesos por descuentos de consumo y 2.5 millones de pesos por penalizaciones directas, además de obtener la propiedad del terreno destinado originalmente para la construcción de la planta eléctrica.
Las autoridades explicaron que la cancelación total del contrato también respondió a la complejidad operativa de administrar más de 1,300 contratos individuales y miles de medidores bidireccionales ante la Comisión Federal de Electricidad.
Con la rescisión administrativa, el municipio dejó sin efecto los pagarés por más de 3 mil 150 millones de pesos, eliminando obligaciones financieras de largo plazo y reafirmando su compromiso con la protección del erario y el interés público.
