Piden quitar fuero a Rocha, Inzunza y alcalde de Culiacán tras acusaciones en EE.UU.
La controversia política en Sinaloa se intensificó luego de que figuras de Movimiento Ciudadano (MC) impulsaran solicitudes formales para retirar el fuero a diversos funcionarios, tras acusaciones emitidas por autoridades de Estados Unidos relacionadas con presuntos vínculos con el narcotráfico.
MC impulsa solicitud de desafuero
El dirigente nacional de MC, Jorge Álvarez Máynez, junto con el diputado Gibrán Ramírez, promovieron una denuncia ante la Cámara de Diputados para que se retire la protección legal al gobernador Rubén Rocha Moya, al legislador Enrique Inzunza y al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
A través de redes sociales, Máynez sostuvo que los funcionarios señalados deberían enfrentar cualquier proceso legal sin fuero, subrayando que se trata de un mínimo acto de responsabilidad pública ante la gravedad de los señalamientos.
Acusaciones desde Estados Unidos detonan la crisis
El origen del conflicto se remonta a recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que vinculan al mandatario estatal y a otros funcionarios con actividades relacionadas con el Cártel de Sinaloa, específicamente en el tráfico de drogas y posesión de armas.
Estas imputaciones han generado un fuerte impacto tanto en el ámbito político como en la opinión pública.
Rocha Moya rechaza señalamientos
Ante la polémica, el gobernador Rubén Rocha Moya negó de manera tajante las acusaciones, calificándolas como infundadas y sin sustento. Además, aseguró que se trata de un ataque con tintes políticos dirigido no solo a su persona, sino también al proyecto de la Cuarta Transformación.
Postura del Gobierno federal
Desde el Ejecutivo federal, la presidenta Claudia Sheinbaum fijó una postura cautelosa. Indicó que cualquier acción legal deberá basarse en pruebas verificables y en el marco de la legislación mexicana.
Asimismo, enfatizó que corresponderá a la Fiscalía General de la República actuar únicamente si existen elementos sólidos que sustenten las acusaciones.
Más voces se suman al llamado
El tema ha escalado con la participación de otros actores. El empresario Sergio Pío Esquer también presentó una solicitud de desafuero contra el gobernador, argumentando la necesidad de que rinda cuentas ante la justicia ante señalamientos que calificó como graves.
En paralelo, líderes políticos locales han exigido investigaciones transparentes, advirtiendo que el caso podría deteriorar la confianza en las instituciones.
Riesgo de crisis de gobernabilidad
Analistas advierten que la combinación de acusaciones internacionales y confrontación política interna podría derivar en un escenario de inestabilidad en Sinaloa.
Señalan que, de no manejarse con apego al debido proceso y claridad institucional, el caso podría profundizar la polarización y afectar la gobernabilidad en la entidad.
