La diputada independiente Rocío Maybe Montalvo Adame, coordinadora del Grupo Legislativo Únete Pueblo, presentó una iniciativa para reformar la Ley Estatal de Salud con el fin de regular de manera estricta los centros privados de rehabilitación de adicciones.
La propuesta busca frenar abusos, maltratos y la falta de condiciones básicas de seguridad en estos establecimientos, conocidos como “anexos”, y garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas en tratamiento.
La iniciativa plantea que todos los centros privados deberán registrarse, obtener autorización sanitaria y someterse a inspecciones periódicas. Por primera vez, se crearía un Registro Público, donde la ciudadanía podrá verificar si un centro está autorizado y conocer su historial.
“La desesperación de una familia no debe ser aprovechada por lugares clandestinos donde se violan derechos humanos. La rehabilitación debe ser sinónimo de dignidad y seguridad”, afirmó Montalvo Adame.
La legisladora explicó que actualmente existe un vacío legal que ha permitido la proliferación de centros sin control. La reforma crea un Capítulo Especial dentro de la ley para:
- Clasificar los centros (profesionales, de ayuda mutua y mixtos).
- Definir derechos de las personas internadas.
- Establecer obligaciones claras para quienes operan estos espacios.
La diputada señaló que la propuesta se sostiene en tres ejes: transparencia, supervisión estricta y protección de derechos.
Medidas clave de la iniciativa
Entre los puntos principales se incluyen:
- Registro Público obligatorio: con nombre, dirección, responsables, vigencia del permiso e historial de sanciones, disponible para consulta.
- Derechos explícitos de los pacientes: trato digno, comunicación con familiares, información clara del tratamiento, atención médica, alimentación adecuada y confidencialidad.
- Prohibición expresa: de castigos físicos, aislamiento indebido y cualquier trato cruel, inhumano o degradante.
- Requisitos de seguridad: espacios diferenciados por género y edad, planes de Protección Civil, salidas de emergencia y personal capacitado.
- Protección especial a menores: solo podrán ser internados en casos estrictamente necesarios y con acompañamiento familiar.
- Régimen de sanciones: multas, suspensión temporal, clausura definitiva y retiro de la autorización sanitaria.
Montalvo Adame aclaró que la iniciativa no busca cerrar centros que operan correctamente, sino fortalecerlos y eliminar aquellos que ponen en riesgo vidas.
“Una familia debe poder verificar si el lugar al que llevará a un ser querido cumple con la ley. Regular es prevenir abusos y salvar vidas”, sostuvo.
Finalmente, hizo un llamado al Congreso del Estado para que la reforma sea tratada como una urgencia de salud pública y de derechos humanos, al señalar que las personas en rehabilitación se encuentran en una situación de alta vulnerabilidad.
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