Nuevo León.- El Gobierno del Estado de Nuevo León estaría incurriendo en una ilegalidad en caso de haber iniciado el cobro de refrendo a vehículos eléctricos, advirtió la diputada del PRI Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Comisión de Presupuesto del Congreso local.
La legisladora señaló que, al haber sido vetada la Ley de Ingresos, no existe sustento jurídico para aplicar dicho cobro, aun cuando se haya publicado la Ley de Control Vehicular.
“Vetar una ley significa que esa ley no existe jurídicamente. No se puede vetar la Ley de Ingresos y, al mismo tiempo, cobrar conceptos que solo estaban contenidos en ella”, sostuvo.
Llaman a suspender el cobro por falta de sustento legal
De la Garza Venecia enfatizó que el Estado de Derecho no puede aplicarse de manera discrecional, por lo que hizo un llamado directo al Ejecutivo estatal para suspender el cobro del refrendo a vehículos eléctricos.
Aseguró que el tema no debe abordarse como un asunto fiscal o ambiental, sino como uno de legalidad y certeza jurídica para los ciudadanos.
“Cuando un gobierno cobra sin una ley vigente, se vulneran derechos y se rompe la confianza. Hoy afecta a quienes tienen vehículos eléctricos, pero mañana puede afectar a cualquier ciudadano en cualquier otro tema”, advirtió.
“La legalidad es la base de la estabilidad y la confianza en Nuevo León”, agregó.
Cambios recientes a la Ley de Control Vehicular
La diputada recordó que, durante el periodo ordinario pasado, el Congreso local aprobó modificaciones a la Ley de Control Vehicular, específicamente al artículo 32 Bis.
Dicho cambio establece que los vehículos eléctricos nuevos estarán exentos del pago de refrendo únicamente durante el primer año, contado a partir de su inscripción, mientras que los vehículos híbridos dejan de contar con cualquier tipo de exención.
Sin embargo, subrayó que dichas disposiciones no pueden aplicarse sin una Ley de Ingresos vigente, ya que es este ordenamiento el que autoriza legalmente la recaudación de contribuciones.
Riesgo para la certeza jurídica
Finalmente, Lorena de la Garza reiteró que permitir cobros sin fundamento legal representa un precedente peligroso, al debilitar la certeza jurídica y la confianza ciudadana en las instituciones.
“El Estado de Derecho no se aplica a conveniencia”, concluyó.
About the Author
