Nuevo León.- El Grupo Legislativo del PRI en el Congreso del Estado fue tajante al señalar que no habrá “cheque en blanco” ni “nombramiento automático” para el nuevo Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, al precisar que no existe notificación oficial de un encargado de despacho enviada por el Poder Ejecutivo.
La postura de la bancada priista surge ante versiones públicas que sugieren que el Congreso podría avalar el nombramiento, lo cual ,aclararon, no es posible sin una propuesta formal conforme a la Constitución local.
El Congreso solo actúa con propuesta formal
De acuerdo con el artículo 96 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, corresponde al Congreso aprobar la propuesta que realice el Ejecutivo respecto del titular de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General, siguiendo el procedimiento establecido en la ley.
Mientras esa propuesta no sea enviada oficialmente, subrayó el PRI, no existe ningún acto jurídico que el Poder Legislativo pueda validar, rechazar o discutir.
Encargadurías no sustituyen el proceso constitucional
La bancada tricolor enfatizó que designaciones internas, encargadurías o anuncios públicos no sustituyen el proceso constitucional, ni generan efectos legales frente al Congreso.
“Nuevo León necesita instituciones fuertes, procesos claros y respeto absoluto a la Constitución, no atajos ni anuncios que no son hechos consumados”, señaló el Grupo Legislativo del PRI, al reiterar que actuará con responsabilidad institucional y apego a los tiempos legales.
Antecedente del relevo en Finanzas
El posicionamiento se da luego de que el gobernador Samuel García Sepúlveda presentara ante el gabinete estatal a Ulises Carlin de la Fuente como encargado del despacho de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León.
Ulises Carlin asumió funciones tras la salida de Carlos Garza Ibarra, quien dejó el cargo luego de 10 años al frente de la dependencia estatal.
El PRI reiteró que cuando el Ejecutivo envíe formalmente una propuesta, el Congreso estará en condiciones de analizarla, discutirla y, en su caso, votarla conforme a derecho.
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