El gobierno de Estados Unidos solicitó a sus embajadas en países de América Latina elaborar reportes sobre delitos que, a su consideración, estén vinculados con la migración masiva, así como identificar políticas públicas locales que puedan incentivar estos flujos migratorios.
La directriz fue confirmada por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que señaló que las representaciones diplomáticas deberán analizar medidas gubernamentales que “faciliten la migración irregular” o que, desde la perspectiva de Washington, otorguen prioridad a los migrantes por encima de los ciudadanos.
Esta decisión se enmarca en el endurecimiento de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con un discurso centrado en el control fronterizo y la contención de la migración irregular.
Seguridad, fronteras y derechos humanos
En un mensaje difundido en la red social X, el gobierno estadounidense exhortó a los países de la región a reforzar la vigilancia de sus fronteras y a enfrentar lo que considera violaciones a los derechos humanos relacionadas con la migración masiva.
De acuerdo con Washington, antes del reforzamiento de la seguridad fronteriza, las redes criminales dedicadas al tráfico de personas habrían provocado afectaciones significativas tanto en Estados Unidos como en países de tránsito.
Cifras oficiales bajo la nueva estrategia
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que, durante 2025, 605 mil personas fueron deportadas, mientras que 1.9 millones de migrantes habrían salido del país de manera voluntaria.
Hasta el momento, la Casa Blanca no ha publicado información detallada que respalde esta última cifra, lo que ha generado dudas entre especialistas en migración y organismos civiles.
Cambio de enfoque frente a administraciones previas
Durante el gobierno del expresidente Joe Biden (2021–2025), Estados Unidos promovió programas sociales y económicos orientados a atender las causas estructurales de la migración, como la violencia, la corrupción y la falta de oportunidades en los países de origen.
Con la actual administración, el énfasis se ha desplazado hacia la responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos, el combate a la migración irregular y el fortalecimiento de la seguridad regional.
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