El Parlamento de Francia aprobó por unanimidad una ley especial de emergencia que permitirá al Estado recaudar impuestos y cubrir el pago de salarios y pensiones, mientras continúan las negociaciones para destrabar el presupuesto general de 2026.
La medida fue avalada tanto por diputados como por senadores, ante la imposibilidad del gobierno de alcanzar un consenso para aprobar la ley presupuestaria. Desde las elecciones legislativas anticipadas de 2024, el Ejecutivo francés no cuenta con mayoría absoluta, lo que ha derivado en prolongadas tensiones políticas.
El proyecto fue presentado tras el fracaso de las negociaciones presupuestarias y retoma un mecanismo ya aplicado en diciembre de 2024, cuando el gobierno del entonces primer ministro Michel Barnier fue censurado por el Parlamento.
Esta ley especial permite al Estado operar con base en el presupuesto de 2025 a partir del 1 de enero, garantizando el funcionamiento de los servicios públicos, aunque no autoriza nuevos gastos, incluidos los de defensa, pese a que este rubro es una prioridad para el gobierno debido al conflicto en Ucrania.
Las discusiones presupuestarias se han complicado por las diferencias entre bloques: mientras la derecha propone recortes al gasto público, la izquierda impulsa mayores impuestos a los sectores de mayores ingresos. Hasta ahora, el Parlamento solo logró un acuerdo parcial, correspondiente al presupuesto de la Seguridad Social.
El presidente Emmanuel Macron reiteró la urgencia de contar con un presupuesto en enero que establezca como meta un déficit del 5% del PIB y permita financiar las prioridades del país. El primer ministro también subrayó que es posible alcanzar un acuerdo si se dejan de lado los cálculos políticos.
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