Monterrey,NL.- Eugenio Montiel Amoroso, director del Instituto de la Vivienda de Nuevo León (Fomerrey), presentó el Atlas de los Asentamientos Humanos Irregulares, un diagnóstico que dimensiona la magnitud del problema de la regularización de predios en el estado y advierte que los principales obstáculos no son únicamente técnicos o jurídicos, sino también políticos, económicos y sociales.
El funcionario subrayó que los procesos de regularización no deben detenerse por coyunturas electorales o estacionales, y lanzó un llamado a evitar prácticas de complacencia.
“Sea o no época electoral, los predios deben regularizarse; no debe haber complacencias”, afirmó, al denunciar además la existencia de un mercado negro de venta ilegal de lotes en Nuevo León.
Montiel informó que, tras una investigación iniciada en 2022, se confirmó la existencia de 425 asentamientos irregulares en el estado. De estos, 78 son viables, 211 presentan problemáticas superables y 136 no son regularizables, debido a que 126 se ubican en zonas de riesgo y 10 en áreas naturales protegidas.
Indicó que Fomerrey proyecta cerrar el sexenio en 2027 con 92 asentamientos regularizados, una cifra considerada histórica, pese a que los procesos pueden tardar hasta 36 meses, debido a la exigencia de 63 trámites contenidos en 13 normas jurídicas distintas.
El director del instituto detalló que el 76% de los asentamientos irregulares se concentra en la Zona Metropolitana de Monterrey, y casi el 40% se localiza en el municipio de Monterrey, principalmente en zonas de alto riesgo, donde será necesaria la reubicación de las familias.
Como parte de las soluciones, destacó la creación de reservas territoriales, con alrededor de 9 mil lotes con servicios, y mencionó como ejemplos de avance los casos de Monte Kristal, en el municipio de Juárez, y Luz María, en Pesquería.
Finalmente, Eugenio Montiel hizo un llamado directo al Congreso del Estado y a los municipios para revisar y simplificar el marco legal vigente.
“Los asentamientos irregulares no pueden seguir tratándose como si fueran fraccionamientos nuevos; necesitamos leyes más simples, trámites más cortos y, de ser posible, gratuidad, porque hoy los costos pueden alcanzar hasta 100 mil pesos y terminan siendo impagables para las familias”, concluyó.
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