Washington, D.C.-La organización Human Rights Watch (HRW) denunció que migrantes venezolanos enviados por la Administración de Donald Trump al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, fueron víctimas de torturas, abusos físicos y psicológicos, y privación de alimentos y agua, durante su detención bajo custodia del gobierno de Nayib Bukele.
En un informe conjunto con la ONG Cristosal, HRW documentó los casos de 252 venezolanos enviados entre marzo y abril de 2025, quienes, según testimonios de expresos y familiares, permanecieron incomunicados durante cuatro meses antes de ser repatriados a Venezuela el 18 de julio, como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos países.
“El director de la prisión nos dijo: ‘Llegaron al infierno’. Los custodios me golpeaban casi todos los días, en el pasillo y en la celda de castigo”, relató Gonzalo, uno de los detenidos entrevistados por HRW.
Torturas, desapariciones y abusos sistemáticos
El informe —basado en más de 190 testimonios directos y la revisión de documentos judiciales— concluye que la mayoría de los detenidos no habían sido condenados por ningún delito, ni en Estados Unidos ni en Venezuela, ni en otros países donde habían residido.
HRW afirmó que las acciones cometidas por las autoridades salvadoreñas constituyen “detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas”, en violación del derecho internacional de los derechos humanos.
Los migrantes denunciaron haber sido golpeados, amenazados, obligados a dormir en el suelo y privados de atención médica, mientras eran vigilados por custodios armados.
“Los testimonios revelan un patrón de violencia institucional y abusos generalizados en el CECOT, que deberían ser objeto de una investigación internacional independiente”, advirtió HRW.
Contexto: el CECOT bajo escrutinio
El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), inaugurado en 2023 por el presidente Bukele, es considerado la megacárcel más grande de América Latina, con capacidad para 40 mil reclusos. Su construcción y operación han sido criticadas por organizaciones internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos.
El traslado de los migrantes venezolanos al penal formó parte de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para reforzar las medidas contra la migración irregular, bajo la administración de Donald Trump.
Sin embargo, HRW subrayó que ninguna de las personas detenidas enfrentaba cargos penales, lo que convierte su confinamiento en una violación grave al debido proceso.
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