Ante el incremento de redadas migratorias en la ciudad, la alcaldesa Karen Bass firmó una orden ejecutiva para reforzar la protección a las comunidades inmigrantes, a las que describió como víctimas de operativos “ilegales y caóticos”.
La directiva prohíbe el uso de recursos municipales para colaborar con autoridades migratorias federales, amplía el acceso a servicios para familias afectadas y establece un grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) para monitorear estas acciones. Además, exige a agencias federales entregar registros de redadas realizadas sin coordinación con la ciudad.
“Frente al enfoque caótico de la administración de Donald Trump, me comprometo a desplegar todos los recursos disponibles para respaldar a nuestra comunidad inmigrante”, afirmó Bass.
La alcaldesa criticó en particular el operativo llevado a cabo el lunes en el Parque MacArthur, donde agentes federales se movilizaron en vehículos blindados, a caballo y con apoyo aéreo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), sin notificación ni permiso de las autoridades locales. “Fue un despliegue intimidatorio, diseñado para generar miedo entre los angelinos”, denunció.
Bass adelantó que la ciudad continuará buscando vías legales para frenar estos operativos. Esta semana, el Ayuntamiento presentó una moción para unirse a una demanda federal que acusa al Gobierno estadounidense de violar derechos constitucionales y de recurrir a prácticas de perfil racial en las detenciones.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, concluyó.
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