Santa Catarina, Nuevo León. Tras la reciente confirmación de que 500 empleados municipales fueron despedidos, el Diputado panista Miguel Lechuga acusó al alcalde Jesús Nava de haber dado de baja ya a más de 2 mil trabajadores del Municipio de Santa Catarina, incluidos elementos de seguridad pública.
Denuncian despidos sin previo aviso en Santa Catarina
Lechuga reveló que los más recientes despidos masivos se realizaron de forma irregular:
“Más de 500 empleados no recibieron su quincena. Ni siquiera fueron notificados de su baja; se les pidió que siguieran trabajando, pero al final les informaron que ya estaban fuera del Ayuntamiento”, denunció el legislador del Partido Acción Nacional (PAN).
Acusan uso electoral de la nómina municipal
El diputado también acusó al alcalde Jesús Nava de utilizar a los trabajadores durante campañas políticas y después despedirlos injustificadamente:
“Los contrata para campaña y luego los corre. Esto se suma a los mil 500 despidos de hace dos años, ya van más de 2 mil empleados despedidos en su administración”.
Despidos también afectan a policías y tránsitos
Miguel Lechuga destacó que los despidos no se limitan a personal administrativo, sino que afectan directamente a la corporación de seguridad pública:
“Está corriendo a policías y tránsitos, justo cuando Santa Catarina atraviesa una de sus peores crisis de seguridad en el estado de Nuevo León”.
Además, advirtió que algunos trabajadores amenazados con ser despedidos fueron intimidados para que no participaran en una protesta, bajo advertencias de que no recibirían su liquidación.
Llamado a Morena y a Jesús Nava
El diputado panista cuestionó el silencio del partido Morena, al que pertenece Jesús Nava:
“Presumen proteger la dignidad humana, pero guardan silencio ante despidos injustificados y masivos. Es una contradicción grave”, sentenció Lechuga.
Exigen transparencia y justicia laboral
El legislador exigió al Alcalde Jesús Nava y a su administración respetar los derechos laborales, garantizar el pago de liquidaciones conforme a la ley y detener los actos de represión e intimidación contra los trabajadores despedidos.
