La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad, con 25 votos a favor, el dictamen de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el registro, control, vigilancia y sanción de actividades relacionadas con armas, municiones, artificios y explosivos, así como de sustancias químicas y sus componentes.
El dictamen fue respaldado por legisladoras y legisladores de diferentes grupos parlamentarios, quienes destacaron su importancia en materia de seguridad nacional y prevención del delito.
Uso exclusivo y regulado de armas
Durante la discusión, la diputada Jessica Saiden Quiroz, del grupo parlamentario de Morena, señaló que esta reforma “fortalece la responsabilidad de operación de las instituciones policiales y militares, además de que delimita el uso de armas exclusivamente para fines oficiales y previene las actividades privadas o irregulares”.
Añadió que “la eficacia de esta ley dependerá de su firme aplicación, sin discrecionalidad y con mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades”.
Necesaria una política integral de prevención
Por su parte, la diputada Margarita Zavala, del Partido Acción Nacional (PAN), también expresó su respaldo a la reforma, aunque hizo énfasis en que “el dictamen debe ir acompañado de una política pública integral de prevención del delito que involucre a todas las dependencias”.
Asimismo, Zavala advirtió sobre un problema persistente en la frontera norte: “de acuerdo con estudios de diversas organizaciones, entre el 70 y el 90 por ciento de las armas recuperadas en escenas del crimen en México provienen de Estados Unidos, la mayoría de ellas adquiridas legalmente”.
Fortalecimiento legal para combatir el tráfico de armas
Con esta reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el Poder Legislativo busca cerrar brechas legales que han permitido la circulación irregular de armamento y sustancias peligrosas en el país. Se espera que esta medida contribuya a reducir los niveles de violencia vinculados con el crimen organizado y fortalezca el marco jurídico de las autoridades de seguridad.
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