De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad el 50.3% de las y los custodios han sido discriminados por su identidad de género.
La población LGBTQ+ privada de la libertad en México enfrenta un panorama alarmante de discriminación, violencia y violaciones a sus derechos humanos, según datos revelados por el Centro de Estudios y Acción por la Justicia Social (CEA Justicia Social) y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL 2021), publicada por el INEGI.
Un 91.6% enfrenta humillaciones y burlas
La organización CEA Justicia Social destacó que 91.6% de las personas LGBTQ+ en reclusión han sido víctimas de humillaciones y burlas, un dato que refleja las condiciones hostiles que enfrentan en los centros penitenciarios del país. Además, el informe señala que esta población enfrenta un riesgo mayor de sufrir torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes debido a su identidad de género u orientación sexual.
Formas de discriminación y violencia más comunes
Los datos de la ENPOL 2021 revelan un preocupante panorama:
- 20.9% fue ignorado deliberadamente.
- 20.2% sufrió golpes, patadas o empujones.
- 13.7% tuvo negado el acceso a bienes o servicios.
- 12.7% recibió amenazas de muerte o con armas.
- 10.9% fue aislado o castigado de forma desproporcionada.
- 10.1% tuvo restringida su participación en actividades.
- 7% recibió golpes con objetos.
Estos actos de discriminación son perpetrados por distintos actores, incluyendo autoridades penitenciarias, otros internos y, en algunos casos, miembros de la misma comunidad LGBTQ+.
Estadísticas de población LGBTQ+ en reclusión
De las 220,477 personas privadas de la libertad en México, según la ENPOL 2021:
- 8,719 personas (4%) se identifican como parte de la población LGBTQ+.
- 5,854 (3%) son bisexuales y 2,494 (1%) son homosexuales.
- En términos de identidad de género, 536 mujeres y 552 hombres se autodenominan trans, travestis o transgénero.
Las entidades con mayor número de personas trans en reclusión incluyen:
- Jalisco (Comisaría de Reinserción Social y Prisión Preventiva).
- Ciudad de México (Penitenciaría y Centro Femenil de Santa Martha Acatitla).
El diagnóstico de CEA Justicia Social subraya que la discriminación sistemática que enfrenta esta población es resultado de la falta de capacidad del Estado para garantizar sus derechos humanos, afectando particularmente su acceso a la salud, integridad personal, igualdad y trabajo.
“La prisión afecta de manera desproporcionada a las personas LGBTQ+ debido al abuso, estigma y discriminación, lo que tiene un impacto diferenciado en la vulneración de sus derechos”, señala el informe.
Un llamado a la acción
Este panorama pone de manifiesto la urgente necesidad de implementar políticas públicas que aseguren la protección y respeto de los derechos de las personas LGBTQ+ en los centros penitenciarios. Además, se requiere capacitar al personal penitenciario para erradicar prácticas discriminatorias y garantizar una verdadera reinserción social en condiciones de igualdad y dignidad.