El desistimiento del Gobierno de Nuevo León de impulsar las leyes de alcoholes, Hacienda y Código Fiscal fue recibido como un avance positivo por diputadas del Congreso local, aunque señalaron que aún queda pendiente un replanteamiento de la deuda estatal.
Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Mesa Directiva, calificó el retroceso como un triunfo ciudadano, al frenar posibles medidas que habrían implicado más cobros para la población.
“Celebramos una gran victoria para los ciudadanos de Nuevo León. Gracias a la presión de distintos grupos de la sociedad, Samuel García ha dado marcha atrás a su intención de imponer medidas fiscales que vulnerarían los derechos de los ciudadanos”, afirmó De la Garza.
Por su parte, Perla Villarreal, coordinadora del PRD, destacó que la administración estatal reconoció el error en estas propuestas, aunque subrayó la necesidad de continuar el análisis de la situación financiera del estado.
“Sabemos que estas medidas eran injustas, pero también necesitamos un replanteamiento serio sobre la deuda estatal, porque ese tema aún no ha sido atendido”, puntualizó Villarreal.
Ivonne Álvarez García, legisladora priista, consideró que la decisión del gobernador fue un reflejo de la presión ejercida por la sociedad civil, cámaras empresariales y diversos grupos legislativos, quienes coincidieron en que las reformas fiscales no beneficiaban a los contribuyentes.
“Ya habíamos dictaminado en contra estas iniciativas tras escuchar a diferentes voces. Es un buen avance que el gobierno del estado haya dado reversa; creo que nos han dado la razón”, declaró Álvarez García.
Claudia Chapa, lideresa del PVEM, destacó que la reflexión política del gobernador puede abrir camino para consensos más sólidos y para que el presupuesto avance.
“Este desistimiento es una señal de reflexión política. Es importante que el gobernador siga dialogando, porque hay muchas áreas en las que no estamos de acuerdo, incluida la estructura del presupuesto”, concluyó Chapa.
Aunque las diputadas celebraron este paso, hicieron un llamado al Ejecutivo para abordar con urgencia la problemática de la deuda estatal, considerada un tema clave para la estabilidad financiera del estado.
