Detecta ASF presuntas triangulaciones de recursos públicos de NL

La revisión de la Cuenta Pública 2025 identificó distintas rutas de transferencias de recursos estatales mediante empresas de diversos sectores y un despacho jurídico.
Detecta ASF presuntas triangulaciones de recursos públicos de NL

Monterrey, N.L.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó presuntos esquemas de triangulación de recursos públicos en Nuevo León, a partir de contratos gubernamentales, transferencias entre empresas y operaciones con personas físicas y morales que, de acuerdo con el órgano fiscalizador, tendrían vínculos familiares con servidores públicos.

Los hallazgos forman parte de la revisión de la Cuenta Pública 2025, presentada ante la Cámara de Diputados, donde la ASF expuso patrones de transferencias de recursos públicos mediante el pago a proveedores.

El auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández, señaló que en Nuevo León y Sinaloa fueron identificados esquemas de triangulación y simulación de operaciones, así como patrones en el movimiento de recursos públicos.

“Por ejemplo, en Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos, a través del pago de proveedores, cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias a personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos”, expuso.

Detectan transferencias millonarias en Nuevo León

De acuerdo con la presentación de la ASF, en Nuevo León fueron identificadas transferencias realizadas por el Gobierno estatal a empresas de distintos sectores, entre ellas comercializadoras, constructoras, compañías de servicios, empresas de equipamiento, consultorías y un despacho jurídico.

Una de las operaciones de mayor monto corresponde a una constructora que recibió 5 mil 851 millones de pesos y posteriormente transfirió 5 mil 154.6 millones de pesos a otra empresa.

Dentro de esa ruta financiera, la ASF ubicó además un movimiento por 385.3 millones de pesos relacionado con un despacho jurídico.

En otra operación, una comercializadora recibió 964 millones de pesos del Gobierno estatal y posteriormente transfirió 237 millones de pesos a una empresa del sector alimentario fundada por un funcionario y un familiar.

Esta última compañía habría transferido posteriormente 202.9 millones de pesos al mismo despacho jurídico. Según la presentación reportada, el despacho aparece relacionado con transferencias que en conjunto alcanzan 728.13 millones de pesos.

ASF identifica patrones en las operaciones

El organismo fiscalizador señaló que los movimientos forman parte de patrones en los que recursos públicos entregados inicialmente mediante pagos a proveedores habrían seguido distintas rutas entre empresas y particulares.

La ASF indicó que sus nuevas facultades han permitido fortalecer las investigaciones, preservar evidencias y promover acciones legales ante posibles irregularidades.

Los señalamientos forman parte de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2025 y corresponden a operaciones que se encuentran bajo revisión del órgano fiscalizador.

También reportan hallazgos en Sinaloa

La revisión presentada por la ASF también incluyó operaciones en Sinaloa, donde se identificó una constructora constituida por dos familiares de un funcionario del Ejecutivo estatal.

De acuerdo con la información presentada, uno de ellos figuraba como accionista y administrador único, mientras el otro aparecía como apoderado legal.

La ASF señaló que organismos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a dicha compañía, que posteriormente registró depósitos superiores a los montos de obra pública y realizó transferencias entre sus propias cuentas.

Posteriormente, parte de los recursos habría sido transferida a dos personas físicas, quienes realizaron pagos a un exfuncionario de Finanzas bajo el concepto de “pago préstamo”.

Los hallazgos de la ASF corresponden a presuntas irregularidades y deberán seguir los procedimientos de fiscalización y, en su caso, las acciones legales que correspondan.

Enfoque / El Porvenir