Advierten vacíos en leyes de autismo e inclusión educativa en Nuevo León

Especialistas, activistas y legisladores advirtieron que la legislación de Nuevo León en materia de autismo e inclusión educativa todavía enfrenta importantes pendientes para garantizar en los hechos el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes neurodivergentes.

Durante el panel “Sanción y Castigo a las Instituciones Educativas No Inclusivas”, realizado como parte del ciclo Diálogos de Poder, los participantes señalaron como principales obstáculos la falta de reglamentos, presupuesto, supervisión efectiva y mecanismos claros de sanción.

Maribel Ramos, integrante de Educación Sin Barreras de la UANL, explicó que la Ley de Autismo de Nuevo León contempla distintos ámbitos como salud, educación, vivienda y trabajo, pero consideró que aún existen vacíos en la manera en que estas disposiciones deben aplicarse.

¿Qué barreras enfrentan los estudiantes neurodivergentes en Nuevo León?

Ramos señaló que existen familias que continúan enfrentando dificultades para ingresar a escuelas públicas y particulares, así como casos en los que el acceso a la educación es negado o condicionado.

Explicó que el colectivo surgió en 2022 a partir de familias que enfrentaron obstáculos para conseguir que sus hijos fueran aceptados en colegios particulares.

“Hoy no solamente estamos conformados por mamás de colegios, estamos conformados también por personas que han querido acceder a la educación pública y también les han negado el acceso a la educación o les han condicionado la maestra sombra”.

Uno de los principales problemas identificados es precisamente la figura de la “maestra sombra”, que en algunos planteles se convierte en requisito para que un estudiante pueda permanecer en la escuela.

De acuerdo con Ramos, este servicio puede representar un gasto de entre 8 mil y 18 mil pesos mensuales, dependiendo de las condiciones y necesidades del menor.

La especialista cuestionó que esta carga económica termine trasladándose directamente a las familias.

¿Por qué preocupa la falta de reglamentos y presupuesto para educación inclusiva?

Ramos señaló que la Ley de Autismo de Nuevo León, publicada en 2023, todavía no cuenta con un reglamento que establezca con claridad cómo deben aplicarse sus disposiciones.

En el caso de la nueva Ley de Educación del Estado, publicada en abril, indicó que existe un plazo de 180 días para desarrollar su reglamento.

Sin embargo, sostuvo que hasta ahora no se ha realizado la consulta pública ni el análisis previo que considera necesarios para ese proceso.

También advirtió que actualmente no existe un presupuesto específico suficiente para convertir todas las obligaciones relacionadas con la educación inclusiva en acciones concretas.

Aunque la legislación contempla recursos para inclusión, capacitación, equipos multidisciplinarios y herramientas de comunicación, insistió en que esas disposiciones deben traducirse en programas, personal y supervisión efectiva.

¿Qué papel debe asumir la Secretaría de Educación?

Otro de los señalamientos estuvo relacionado con la supervisión de los colegios particulares.

Ramos consideró que la Secretaría de Educación debe verificar que los planteles cuenten con equipos multidisciplinarios capaces de atender adecuadamente a estudiantes con necesidades específicas.

Entre los perfiles que deberían integrarlos mencionó psicólogos educativos, psicopedagogos, trabajadores sociales y docentes especializados.

En las escuelas públicas, agregó, tampoco se garantiza de manera efectiva la figura del maestro acompañante contemplada en la legislación.

Además, cuestionó que la figura de la “maestra sombra” no esté debidamente regulada, situación que puede generar dificultades incluso para su ingreso a determinados planteles.

Grecia Benavides pide atender falta de espacios y posibles casos de discriminación

La diputada local Grecia Benavides calificó como grave la situación que enfrentan niñas y niños que no logran acceder a una escuela.

La legisladora de Morena señaló que existe una problemática de falta de espacios educativos, particularmente en zonas periféricas, y advirtió que esta situación puede convertirse en una forma de discriminación cuando impide ejercer plenamente el derecho a la educación.

“Quien es responsable de que no suceda eso es el Gobierno del Estado, la Secretaría de Educación en las escuelas estatales; en las escuelas federales, obviamente la Federación”.

Benavides señaló que desde el Congreso buscarán establecer puentes con las autoridades correspondientes y dar seguimiento a los casos expuestos por las familias.

Plantean evaluaciones psicopedagógicas y mayor supervisión

Entre las propuestas discutidas se encuentra realizar evaluaciones psicopedagógicas dentro de las escuelas para detectar las necesidades específicas de cada estudiante.

La intención, según se explicó, no es crear un padrón de personas neurodivergentes, sino establecer planes de intervención individualizados.

También se planteó fortalecer la supervisión de las escuelas particulares y mejorar la atención de las quejas presentadas por madres y padres de familia.

Los participantes coincidieron en que el reto no consiste únicamente en aprobar nuevas leyes, sino en garantizar que las ya existentes cuenten con reglamentos, presupuesto, vigilancia y consecuencias ante su incumplimiento.