Waldo Fernández acusa a Samuel García de retener recursos y pide investigar

La disputa por los recursos públicos en Nuevo León abrió un nuevo frente político entre Waldo Fernández y el gobernador Samuel García.

El senador con licencia acusó al mandatario estatal de retener recursos que, aseguró, corresponden a municipios y organismos autónomos, y pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el manejo y los tiempos de entrega.

Fernández sostuvo que el Gobierno estatal no puede disponer discrecionalmente de recursos federales destinados a los ayuntamientos y afirmó que cualquier posible incumplimiento debe ser investigado.

Waldo pide que la ASF revise la entrega de recursos

El aspirante a Coordinador Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León sostuvo que los municipios afectados deberían presentar las denuncias correspondientes.

“Lo que ya tendríamos que ver es cómo debería proceder la Auditoría Superior de la Federación”, expresó.

Según Fernández, si existiera una retención indebida o retraso injustificado de recursos federales, correspondería a las autoridades fiscalizadoras establecer responsabilidades.

La ASF sí tiene facultades para revisar el ejercicio y transferencia de recursos federalizados hacia estados y municipios. Sus auditorías incluyen participaciones y otros fondos entregados a entidades locales.

¿Puede un estado retener participaciones municipales?

La Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones correspondientes a entidades y municipios no pueden sujetarse a retención, salvo excepciones específicas relacionadas con obligaciones previamente autorizadas y registradas.

Ese marco es el que Fernández utiliza como argumento para cuestionar al Ejecutivo estatal.

Sin embargo, que exista una controversia por la entrega de recursos no significa automáticamente que se haya cometido un delito.

Para establecerlo tendría que existir una investigación formal que determine qué recursos fueron retenidos, durante cuánto tiempo, bajo qué figura jurídica y si hubo incumplimiento de alguna disposición federal.

“No es dinero de Samuel García”

Waldo Fernández cuestionó directamente la forma en que, según él, el Gobierno estatal administra esos fondos.

“No es dinero de Samuel García, es dinero del pueblo de Nuevo León y se tiene que entregar de inmediato”, declaró.

El senador con licencia acusó al mandatario de actuar bajo una lógica discrecional y aseguró que los recursos públicos no pueden tratarse como propiedad de una administración.

Para Fernández, el problema trasciende una disputa política entre el Estado y los municipios.

Su argumento es que cualquier retraso impacta directamente en servicios y programas que dependen de esos recursos.

Gobierno estatal ha negado adeudos con municipios

La acusación tiene, sin embargo, una postura contraria del Ejecutivo.

El 13 de julio, la Secretaría de Finanzas y Tesorería General de Nuevo León aseguró que no existía deuda con los ayuntamientos y que las participaciones habían sido entregadas de manera “exacta y oportuna”.

El encargado de la Tesorería, Ulises Carlín de la Fuente, afirmó además que una revisión de la Auditoría Superior de la Federación no había generado observaciones relacionadas con ese manejo.

El Estado atribuyó entonces algunas reducciones en los montos recibidos por los municipios a una baja en la recaudación federal.

¿Cuáles son los recursos en disputa?

Fernández se refirió tanto a municipios como a organismos autónomos, aunque en su pronunciamiento no detalló una cantidad total ni especificó cada fondo presuntamente retenido.

Ese punto será clave para cualquier investigación.

No todos los recursos públicos tienen la misma naturaleza.

Existen participaciones federales, aportaciones etiquetadas, transferencias estatales y presupuestos aprobados para poderes u organismos autónomos.

El Gobierno de Nuevo León publica información sobre las participaciones y aportaciones federales entregadas a los municipios.

También existen anexos presupuestales específicos para organismos autónomos y poderes estatales.

Waldo acusa un manejo “caprichoso”

El senador con licencia elevó el tono y sostuvo que la retención sería reflejo de una administración basada en decisiones personales.

“Lo que sucede con el Gobernador es que en esta visión caprichosa siente que puede utilizar el dinero federal como si fuera propio”, afirmó.

Fernández agregó que los recursos pertenecen a los ciudadanos y deben transferirse conforme a las reglas presupuestales correspondientes.

Su declaración se suma a una serie de críticas recientes contra García relacionadas con la forma en que el Gobierno estatal administra recursos y beneficios públicos.

La controversia por el presupuesto no es nueva

La relación entre el Ejecutivo estatal, el Congreso y algunos municipios ha estado marcada durante los últimos años por disputas presupuestales.

Para el ejercicio 2026, Nuevo León volvió a enfrentar diferencias sobre la aprobación del Paquete Fiscal.

El Gobierno estatal sostuvo entonces que, si no se publicaba una nueva Ley de Egresos, continuaría aplicándose el presupuesto anterior conforme al marco vigente.

El Congreso había planteado modificaciones relacionadas precisamente con mayores recursos para organismos autónomos y poderes.

Ese conflicto ayuda a explicar por qué la distribución presupuestal continúa siendo un tema políticamente sensible.

¿La ASF ya investiga a Samuel García por este caso?

Hasta ahora, no se localizó un anuncio público de la ASF sobre una investigación específica derivada de estas declaraciones de Waldo Fernández.

Lo que existe es la petición política del senador con licencia para que la Auditoría intervenga.

Por eso sería incorrecto afirmar que el Gobernador ya está siendo investigado por un delito federal relacionado con estos recursos.

También sería incorrecto presentar como comprobado que existe una retención ilegal mientras no haya una resolución de una autoridad fiscalizadora o judicial.

Municipios tendrían que documentar las irregularidades

Si algún ayuntamiento considera que no recibió en tiempo y forma recursos que legalmente le corresponden, tendría que documentar los montos, fechas y fondos involucrados.

Esos elementos permitirían determinar si se trata de:

Un retraso administrativo.

Una diferencia en la distribución.

Una reducción derivada de menores ingresos federales.

O una retención contraria a la ley.

La distinción es fundamental antes de hablar de responsabilidades penales.

Una nueva confrontación entre Waldo y Samuel

La declaración profundiza el choque político entre ambos personajes.

Fernández ha incrementado recientemente sus críticas contra la administración estatal mientras recorre Nuevo León en busca de encabezar la coordinación política de la Transformación en la entidad.

Un día antes también cuestionó al Gobernador por ofrecer trato preferencial a empresas que colaboraron económicamente con proyectos estatales y pidió revisar posibles irregularidades.

Ahora el centro de la discusión son las finanzas públicas.

La última palabra será de los órganos fiscalizadores

Waldo Fernández asegura que existe una conducta que podría tener consecuencias federales.

El Gobierno estatal, en cambio, ha defendido que cumple con las transferencias y que no mantiene deuda con los municipios.

Entre ambas posiciones hay una diferencia importante:

una acusación política no sustituye una auditoría.

Si los municipios u organismos afectados presentan denuncias, corresponderá a la ASF u otras autoridades determinar si hubo retrasos injustificados, retención de recursos o alguna violación a la legislación.

Hasta entonces, el conflicto seguirá principalmente en el terreno político y presupuestal.