Congreso reclama recursos pendientes para organizaciones civiles
Diputados del Congreso de Nuevo León insistieron al Gobierno del Estado en la entrega de recursos públicos pendientes para organizaciones de la sociedad civil (OSC).
La diputada Perla Villarreal Valdez, coordinadora de la bancada del PRD, sostuvo que los retrasos estarían afectando la operación de programas dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad.
De acuerdo con la legisladora, la falta de recursos ha derivado en reducción de personal, cierre de proyectos y riesgo de suspensión de actividades en algunas organizaciones.
Villarreal señaló que, con base en información pública, permanecerían pendientes 317.5 millones de pesos, de los cuales alrededor de 88.5 millones corresponderían al ejercicio fiscal 2025 y 229 millones al ejercicio 2026.
¿Cuánto dinero reclama el Congreso para las organizaciones civiles?
La diputada afirmó que los recursos ya contemplados, autorizados o comprometidos deben entregarse oportunamente para evitar afectaciones a los servicios que prestan las organizaciones.
“Cuando un recurso que ya fue contemplado, autorizado o comprometido no llega a tiempo, las consecuencias terminan afectando precisamente a quienes menos posibilidades tienen de absorberlas”.
Agregó que las OSC brindan atención en áreas como asistencia alimentaria, discapacidad, migración, niñez y adolescencia, salud, rehabilitación y reinserción social.
“No estamos hablando solamente de números o de trámites administrativos; estamos hablando de personas que reciben una comida, una terapia, un tratamiento, una asesoría o un acompañamiento gracias al trabajo de estas organizaciones”, afirmó.
La cifra de 317.5 millones de pesos debe mantenerse atribuida a la legisladora hasta contar con documentación oficial que precise qué montos fueron autorizados, comprometidos, ministrados o siguen efectivamente pendientes.
¿Qué pide Perla Villarreal al Gobierno del Estado?
Villarreal planteó revisar con mayor detalle la Ley de Fomento a la Sociedad Civil Organizada, con el objetivo de establecer mecanismos que permitan a las organizaciones acceder a recursos conforme a la legislación aplicable.
“No se trata de hacerle un favor a las organizaciones. Se trata de garantizar que continúen los servicios que reciben miles de familias de Nuevo León”.
También solicitó al Gobierno estatal informar si existe un plan de acción para regularizar los pagos.
En caso de que no exista, pidió remitir al Congreso una propuesta que incluya:
- Montos pendientes.
- Causas de los retrasos.
- Fechas de entrega.
- Mesas de seguimiento.
- Calendario de liberación de recursos.
- Medidas para evitar nuevos retrasos.
La legisladora también propuso revisar el marco legal para definir con mayor claridad la entrega de apoyos a las organizaciones, independientemente de la forma en que los recursos sean contemplados presupuestalmente.
Hasta contar con una respuesta formal del Ejecutivo, no es posible establecer si la totalidad de los montos mencionados está jurídicamente exigible, si existe alguna ministración parcial o si hay expedientes pendientes de requisitos administrativos.
