El “tarifazo” en el transporte público quedó en suspenso luego de que la Comisión de Tarifas del Consejo Consultivo del Instituto de Movilidad y Accesibilidad no lograra un consenso en su sesión ordinaria, realizada en el Pabellón Sintram del Parque Fundidora.
Entre gritos de protesta de usuarios inconformes, los integrantes de la comisión discutieron tres posibles escenarios para las tarifas: un incremento a 17 pesos para el pago electrónico y 20 pesos en efectivo; una segunda opción basada en costos reales, con tarifas de 24.50 y 25 pesos respectivamente; o mantener las tarifas actuales, lo que podría impactar negativamente la calidad del servicio.
“Al final nosotros no tenemos la decisión; esta está en otras instancias”, declaró Rita Bustamante, encargada del Comité Técnico del IMA. Bustamante enfatizó que su papel es calcular los costos del servicio, dejando la decisión final al Consejo Consultivo y posteriormente a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad, que se reunirá el próximo 27 de diciembre.
Rocío Montalvo, representante del Congreso Local, denunció que la Comisión de Tarifas evitó asumir responsabilidad directa sobre el aumento y expresó su preocupación por el impacto que esto podría tener en el bolsillo de los ciudadanos. “Sigue en el aire; un día nos dicen una cosa, otro día otra”, lamentó.
Durante la sesión, que duró casi tres horas, usuarios se manifestaron al grito de “No al tarifazo”, “Samuel no nos traiciones” y “Queremos más camiones”. La Alianza de Usuarios del Transporte Público, encabezada por Jaime Noyola Cedillo, también se pronunció en contra del aumento, exigiendo que el Estado frene totalmente el alza para proteger la economía de las familias de Nuevo León.
“El transporte sigue siendo malo y caro”, criticó Noyola al conmemorar 24 años del trenazo de la Ruta 120 en Santa Catarina. El activista destacó la necesidad de un manejo fiscal serio y de un enfoque que priorice el beneficio de los ciudadanos por encima de los intereses empresariales.
La decisión final podría recaer en el gobernador Samuel García, quien tiene la facultad de publicar o vetar el acuerdo que resulte de la Junta de Gobierno. Mientras tanto, la incertidumbre persiste y los usuarios del transporte público esperan una resolución que no agrave su situación económica.
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