Acusa MC excesos en investigación contra Samuel García
La coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de Nuevo León, Sandra Pámanes, acusó a la presidenta de la Comisión Anticorrupción, Armida Serrato, de exceder sus facultades al solicitar información a 163 notarías públicas sobre posibles operaciones patrimoniales relacionadas con el gobernador Samuel García y su familia.
Pámanes afirmó que los requerimientos fueron enviados sin el aval de la Comisión y fuera de los alcances del Acuerdo de Diligencias de Investigación, documento que, según explicó, establece qué información puede solicitarse y a qué autoridades o instituciones.
La legisladora recordó que el acuerdo ya contemplaba el envío de oficios a 69 dependencias, una cantidad que consideró excesiva, y señaló que la inclusión de las notarías amplió de manera unilateral la investigación.
¿Por qué Sandra Pámanes cuestiona los oficios enviados a notarías?
La coordinadora de Movimiento Ciudadano sostuvo que las solicitudes de información patrimonial no fueron sometidas a discusión ni aprobadas por las y los integrantes de la Comisión Anticorrupción.
Afirmó que tanto la legislación aplicable como el acuerdo aprobado por la Comisión constituyen el sustento para requerir información a terceros dentro del procedimiento de juicio político.
Desde su perspectiva, cualquier diligencia que rebase esos términos podría vulnerar el debido proceso y afectar la legalidad de la investigación.
Pámanes calificó la actuación como una falta grave y sostuvo que no se trata de un error administrativo menor, sino de una decisión que, a su juicio, carece de autorización del órgano legislativo.
La legisladora también describió el procedimiento como una posible “cacería política”, expresión que corresponde a su posicionamiento y no a una determinación jurídica.
¿Qué consecuencias podrían tener las diligencias cuestionadas?
Pámanes advirtió que la información obtenida mediante los oficios podría ser impugnada o cuestionada si se determina que las solicitudes fueron emitidas sin facultades suficientes.
También señaló que las personas responsables de autorizar o ejecutar las diligencias podrían enfrentar procedimientos administrativos o legales, aunque cualquier responsabilidad deberá ser determinada por las instancias competentes.
La diputada exigió que Armida Serrato explique públicamente cuál fue el fundamento jurídico utilizado para ampliar el alcance de la investigación.
Pámanes pidió aclarar “con qué facultades decidió ampliar por su cuenta el alcance de la investigación”, al señalar que la medida no fue discutida ni aprobada por la Comisión.
Hasta el momento, la información proporcionada corresponde únicamente al posicionamiento de Sandra Pámanes y no incluye una respuesta de la presidenta de la Comisión Anticorrupción.
El señalamiento se presenta en el contexto del procedimiento de juicio político seguido contra Samuel García, cuya legalidad y alcances deberán resolverse conforme a las reglas legislativas y las garantías del debido proceso.
