INE se deslinda de aspirantes adelantados
Las actividades públicas de aspirantes de Morena, PT, PVEM, PAN y PRI rumbo a las 17 gubernaturas que estarán en disputa en 2027 volvieron a colocarse en el centro del debate dentro del Instituto Nacional Electoral.
El tema fue retomado durante el regreso presencial del Consejo General del INE, después de un periodo de trabajo a distancia. La discusión giró en torno a los actos que algunos partidos ya presentan como parte de sus procesos internos para perfilar aspirantes a gobiernos estatales.
¿El INE puede frenar a los aspirantes adelantados?
La consejera electoral Carla Humphrey aclaró que el INE no es la autoridad directamente responsable de revisar esos actos cuando se trata de elecciones locales, como las gubernaturas.
De acuerdo con su explicación, la competencia principal corresponde a los Organismos Públicos Locales Electorales, conocidos como OPLE, debido a que son las autoridades encargadas de vigilar los procesos en cada entidad.
“A nivel país, nosotros sólo somos responsables de la campaña de diputados y diputadas, una elección federal es la que está en nuestras manos. Las autoridades locales deben verlo, hay 17 gubernaturas en juego y los órganos electorales locales son responsables, la Sala Superior del Tribunal Electoral nos lo ha dicho muchas veces”, señaló Humphrey.
¿Qué sí está revisando el INE rumbo a 2027?
Aunque el INE se deslinda de calificar directamente esos actos como campañas anticipadas locales, la consejera precisó que el instituto sí mantiene facultades en materia de fiscalización.
Esto significa que la Unidad Técnica de Fiscalización debe revisar los ingresos y gastos de los partidos políticos, incluso cuando se trate de actividades internas u ordinarias.
Humphrey ha advertido que la fiscalización rumbo al proceso electoral de 2027 implicará un reto mayor, pues el INE prevé revisar entre 25 mil y 35 mil candidaturas a nivel nacional, lo que exigirá más capacidades técnicas, humanas y tecnológicas.
¿Son campañas anticipadas o procesos internos?
La consejera explicó que los actos partidistas que se desarrollan como parte de procedimientos internos no pueden considerarse automáticamente como actos anticipados de campaña.
Para que sean revisados bajo esa figura, tendrían que presentarse quejas específicas ante las autoridades correspondientes. Solo entonces podrían analizarse los hechos y, en caso de encontrar irregularidades, determinar posibles sanciones.
“Haya o no esos lineamientos, en materia de fiscalización, nosotros tenemos que fiscalizar todo lo que pasa en el país todo el tiempo. Nosotros no podemos establecer si son precampañas o pre-precampañas, nada, eso lo determinan las autoridades locales, esa es su responsabilidad”, agregó la consejera.
¿Qué papel tendrán los OPLE en las elecciones de 2027?
Los OPLE serán clave en la revisión de los movimientos políticos locales rumbo a las gubernaturas. A ellos les corresponderá analizar si los actos de aspirantes o partidos vulneran las reglas electorales en cada estado.
En ese sentido, el INE puede revisar el uso de recursos, pero la calificación de posibles actos anticipados en contiendas locales queda en manos de las autoridades electorales estatales y, en su caso, de los tribunales electorales correspondientes.
¿Habrá reglas para ordenar los procesos internos de los partidos?
El Consejo General del INE está a la espera de una propuesta de lineamientos que deberá presentar el consejero Jorge Montaño, con el objetivo de regular estos procesos internos de los partidos políticos.
La propuesta era esperada en la mesa de consejeros, pero no fue presentada en la sesión correspondiente. Mientras tanto, la Comisión de Prerrogativas ya emitió criterios sobre lo que puede o no hacerse en actos relacionados con procedimientos ordinarios partidistas.
“La Comisión de Prerrogativas ya emitió unos lineamientos sobre lo que se puede o no hacer en estos actos de procedimientos ordinarios”, explicó Humphrey.
El debate anticipa una ruta complicada hacia 2027. Aunque todavía falta tiempo para el arranque formal de las contiendas, los movimientos de aspirantes ya obligan a las autoridades electorales a definir límites, responsabilidades y mecanismos de vigilancia para evitar una carrera adelantada sin control.
