Con una votación de tres a uno, la medida es aprobada.
La Junta de Supervisores del condado de San Diego aprobó el martes una norma que no permite el uso de los recursos del gobierno condal, que comparte frontera con México, para la aplicación de las leyes federales de migración, lo que lo convierte en un área santuario.
Con una votación de tres a uno, la medida llega en respuesta a la promesa del presidente electo, Donald Trump, de realizar deportaciones masivas.
La norma, presentada por la presidenta de la junta, Nora Vargas, prohíbe específicamente que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) utilice las instalaciones, el personal y los fondos del condado, incluidas las cárceles.
También pone fin a la práctica del Departamento del Alguacil de San Diego de notificar y transferir a indocumentados bajo su custodia a ICE sin una orden judicial.
Vargas basó su propuesta en el marco del Acta de Valores de California, que limita la forma en que la policía y oficinas del estado pueden colaborar con los agentes de ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras agencias federales de migración.
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