PRI propone inhabilitar de por vida a funcionarios ligados al crimen organizado
El diputado federal Christian Castro Bello, del PRI, presentó una iniciativa de reforma constitucional para establecer la inhabilitación permanente de funcionarios públicos que sean encontrados culpables de participar en actividades relacionadas con el crimen organizado.
La propuesta contempla modificar el artículo 109 de la Constitución con el objetivo de impedir que personas vinculadas con grupos criminales puedan acceder o mantenerse en cualquier cargo dentro del servicio público.
¿Qué plantea la iniciativa?
De acuerdo con el documento presentado por el legislador priista, cualquier persona que reciba una sentencia definitiva por delitos relacionados con delincuencia organizada quedaría automáticamente imposibilitada de ocupar cargos públicos de manera permanente.
La medida aplicaría sin importar si el puesto fue obtenido mediante elección popular, designación o nombramiento oficial.
“Toda persona que, mediante sentencia definitiva, sea declarada responsable de participar en actividades de delincuencia organizada quedará inhabilitada de forma permanente”, señala la iniciativa.
Casos recientes señalados por el PRI
Durante la presentación de la propuesta, Castro Bello mencionó diversos casos recientes que, aseguró, reflejan la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales.
Entre ellos destacó el caso del llamado “Cártel de la Barredora” en Tabasco, donde el exsecretario de Seguridad estatal, Hernán Bermúdez Requena, fue señalado por presuntos vínculos con actividades de robo de combustible, narcotráfico y extorsión.
También mencionó la detención de Diego Rivera, alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Además, hizo referencia a investigaciones relacionadas con redes de contrabando de combustible presuntamente vinculadas con funcionarios de la Secretaría de Marina.
Alertan sobre percepción internacional de México
El diputado aseguró que la presencia del crimen organizado dentro de instituciones públicas ha provocado preocupación internacional y afecta la credibilidad del Estado mexicano.
Castro Bello citó observaciones realizadas por organismos internacionales, como el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sobre la posible participación o tolerancia de funcionarios públicos en diversos delitos.
“No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema”, declaró.
La iniciativa será discutida en comisiones
La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y discusión dentro del Congreso de la Unión.
Se prevé que el debate genere posiciones encontradas entre las distintas fuerzas políticas debido a las implicaciones constitucionales y al impacto que tendría sobre los derechos políticos y el acceso a cargos públicos.
