Los foros organizados por la Cámara de Diputados para promover las reformas constitucionales del expresidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente la reforma judicial, costaron un total de 136 millones 770 mil pesos, cifra que supera en un 61% los ahorros que se generarían con la desaparición de los órganos autónomos, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP).
Este gasto se aprobó mediante cuatro acuerdos firmados por el Comité de Administración de la Cámara de Diputados durante la 65 Legislatura, presidida por el diputado de Morena, Armando Contreras Castillo. Los foros, conocidos como los “Diálogos Nacionales para la Presentación, Análisis y Debate de las Reformas Constitucionales Presentadas por el Poder Ejecutivo Federal”, se realizaron entre el 21 de febrero y el 15 de abril de este año en diversos estados, incluidos Durango, San Luis Potosí, Puebla, Yucatán, Estado de México y Ciudad de México.
El primero de los acuerdos autorizó un gasto de 5 millones de pesos para la organización de estos diálogos a nivel federal, estatal y regional. Además, otro acuerdo aprobado en la misma fecha destinó 99 millones de pesos a la difusión de los foros, lo que incluyó la producción de materiales diversos como videos, publicaciones impresas y carteleras estratégicamente ubicadas en varias entidades federativas.
Una vez concluidos estos primeros foros, Morena impulsó una nueva ronda de diálogos, esta vez enfocada en la reforma judicial. El 21 de junio se aprobaron otros dos acuerdos adicionales, uno de ellos por 500 mil pesos.
El costo total de los foros contrasta con el análisis del CEFP, que señaló que la desaparición de los órganos autónomos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) generaría ahorros anuales de 84 millones 69 mil 666 pesos. Estos ahorros serían producto de la transferencia de funciones a dependencias federales, manteniendo el presupuesto de operación y los salarios de los trabajadores de estos organismos.
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