Denuncian fraude inmobiliario en Aldea Sur; más de 185 afectados en NL
Un nuevo escándalo inmobiliario sacude al estado, luego de que al menos 185 compradores del proyecto residencial Aldea Sur formalizaran denuncias por presunto fraude ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.
El caso involucra a la empresa Creare Residences, S.A. de C.V., ligada a César Alejandro Pérez, quien actualmente se encuentra detenido. De acuerdo con los afectados, el monto del fraude asciende a cientos de millones de pesos.
Desde 2018, la firma promovió desarrollos como Lomas de las Misiones, Fuentes de las Misiones, Aldea Sur, Lomas del Barro y Dalia, ofreciendo viviendas con un valor cercano a los tres millones de pesos.
Los clientes entregaban un enganche del 33 por ciento bajo la promesa de recibir sus propiedades en un plazo aproximado de dos años; sin embargo, en la mayoría de los casos las obras no se concretaron o ni siquiera iniciaron.
Se estima que cerca de mil personas resultaron afectadas, de las cuales unas 500 ya iniciaron procesos legales en distintas etapas.
A través de su defensa, el acusado ha planteado un acuerdo reparatorio que contempla la creación de un fideicomiso respaldado con un inmueble ubicado en la zona de El Barro, en Santiago.
No obstante, los afectados señalan que existen vacíos importantes en la propuesta, como la falta de claridad sobre el valor real del inmueble y si este cubriría la totalidad del daño económico.
Aceptar el acuerdo implicaría renunciar a la posibilidad de recuperar completamente su patrimonio, mientras que rechazarlo también genera incertidumbre ante posibles beneficios legales para el acusado.
Las víctimas han solicitado la intervención del Gobierno estatal y de la Procuraduría Federal del Consumidor, además del aseguramiento de bienes de la empresa para garantizar la reparación del daño.
“Ahorramos toda una vida para un patrimonio y hoy solo tenemos un papel firmado y una deuda con el banco. Exigimos justicia”, expresó uno de los afectados.
También han cuestionado el papel de la fiscalía, al exigir que se garantice una reparación integral del daño y que toda la información sea transparente antes de tomar cualquier decisión.
Este caso se suma a una creciente preocupación en el sector inmobiliario de Nuevo León, donde la falta de regulación en preventas ha dejado a numerosas familias en situación vulnerable.
El desenlace del caso pondrá a prueba tanto el sistema de justicia como la capacidad institucional para proteger a quienes invirtieron en proyectos que no se materializaron.
