La bancada del PRI en el Congreso de Nuevo León envió un oficio a instituciones financieras y organismos reguladores para advertir sobre las implicaciones legales de operar sin un titular formal en la Tesorería estatal.
Esto ocurre luego de que venciera el plazo constitucional para que el gobernador Samuel García Sepúlveda presentara la propuesta del nuevo Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
La diputada Lorena de la Garza Venecia, presidenta de la Comisión de Presupuesto, afirmó que el plazo de 90 días establecido por la Constitución local venció el pasado 1 de abril sin que se haya cumplido con la designación.
Indicó que esta omisión genera incertidumbre en la administración de la Hacienda Pública estatal.
El documento fue enviado a dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Auditoría Superior de la Federación, así como a bancos, organismos financieros y calificadoras de riesgo.
Entre ellas destacan Fitch Ratings, Moody’s, S&P Global, HR Ratings y PCR Verum.
En el oficio, los legisladores señalaron que el responsable de la Hacienda estatal debe ser un funcionario designado conforme al procedimiento constitucional y aprobado por el Congreso.
Asimismo, pidieron a las instituciones no validar operaciones financieras que no estén respaldadas por un titular formalmente nombrado.
El caso ha intensificado el debate entre el Ejecutivo y el Legislativo en Nuevo León, en torno al cumplimiento de las disposiciones legales para la designación del cargo.
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